Las multas van de 3.000 a 20.000 pesos cuando las víctimas fueran mayores de edad, y en tanto que el rango pasa a ser de 5.000 a 30.000 pesos cuando se tratase de menores de edad, o cuando el delito fuera cometido por funcionarios públicos o miembros de fuerzas de seguridad.
Lo recaudado será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres para el fortalecimiento de políticas de prevención.
Por otra parte, el proyecto prevé que el autor del delito asista por un término no menor a tres meses a talleres de educación, concientización y prevención de las prácticas de acoso sexual callejero.
La iniciativa, que modifica el Código Penal al incorporar el artículo 129 bis, señala que el delito de “acoso sexual callejero” abarca tanto los gestos como las expresiones verbales que “de manera directa o indirecta afecten o perturben la vida, dignidad, libertad, integridad física o psicológica, o el libre tránsito” de la víctima.
La idea es sancionar dichas conductas que provocan “intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado”.
“Las mujeres queremos sentirnos seguras en la vía pública”, afirmó Burgos, quien hizo una distinción entre un “piropo” y el “acoso sexual callejero”.
“No se trata de tipificar el piropo. A lo que nos estamos refiriendo en el proyecto es totalmente opuesto a lo que puede ser un piropo. Es un daño o una acción que nos perturba en lo cotidiano”, diferenció.
La semana pasada se había frenado el dictamen por objeciones de algunos diputados a la redacción, en particular del radical Luis Petri.
Sin embargo, el mendocino destacó que la nueva redacción “mejora significativamente” el proyecto y “va a permitir su aplicación práctica”.
En cambio, la justicialista Carolina Moisés puso reparos al evaluar que “es muy subjetivo definir qué gestos y qué palabras podemos vincular con este delito” dado que “no todos tenemos los mismos parámetros para medir la dignidad moral”.
La legisladora jujeña advirtió que “la falta de claridad puede llegar a traer problemas al propio sistema judicial”.
