No obstante, la iniciativa a través de la cual se adhiere a la ley nacional tuvo el acompañamiento, primero en Diputados y luego en el Senado, de los bloques de Cambiemos, del PJ-Unidad y Renovación y del Frente Renovador.
Legisladores oficialistas criticaron la postura de los representantes de Unidad Ciudadana y aseguraron que “es una demostración más del abandono que los K hicieron de los bonaerenses, así como Daniel Scioli que nunca reclamó lo que le correspondía a la provincia”.
“Hoy siguen con esa misma posición, por eso estamos en un día histórico en el que recuperamos para los bonaerenses lo que les corresponde”, relató un importante referente legislativo. .
El acuerdo contempla una serie de compromisos asumidos por los firmantes con miras a “armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones a fin de promover el empleo, la inversión, el crecimiento económico y la promoción de políticas uniformes que posibiliten el logro de esa finalidad común”.
Por ese consenso, las partes acordaron una “solución integral y realista” a los más de 50 conflictos judiciales suscitados entre ellas, vinculados a la distribución de impuestos nacionales, afectaciones específicas de recursos y transferencia de competencias, servicios o funciones, con miras a emprender un diálogo institucional que desemboque en una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
En el proyecto que giró a la Legislatura, la gobernadora María Eugenia Vidal, señaló que, por lo firmado, la provincia de Buenos Aires resultará compensada, con el resto de las demás jurisdicciones firmantes, por la derogación del artículo 104 de la ley del impuesto a las ganancias, como también por el cambio de destino de la afectación específica del tributo sobre los créditos y débitos bancarios contenidos en la ley 25.413.
En lo que toca al Fondo del Conurbano Bonaerense, que a la provincia particularmente interesa, el consenso tiene el inequívoco compromiso de compensarla por la eliminación de la asignación específica prevista en el inciso b, del artículo 104 antes citado.
Para la gobernadora y los que apoyaron la adhesión de hoy, la solución expuesta importa terminar con la “injusta situación en la que se encuentra la provincia frente al resto de las jurisdicciones, respecto del mencionado impuesto a las ganancias”.
Además, se recuerda que con el actual régimen de coparticipación federal (ley 23.548), Buenos Aires perdió seis puntos de su coparticipación si se considera la recibida en virtud de la ley 20.221.
Esa asimetría fue corregida parcialmente en 1992 con el establecimiento del entonces Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano bonaerense, en que se le dio el equivalente al 10 por ciento del producido de dicho impuesto.
Sin embargo, en 1995, se determinó el congelamiento de la participación bonaerense en ese Fondo, asignando al referido 10% un tope fijo de 650 millones de pesos, “lo que provocó desde 2003 una acelerada y progresiva caída en términos relativos del monto percibido por la provincia”.
Así, la adhesión permitirá, entre otras cuestiones, el ingreso de $21.000 millones a la provincia en 2018 y otros $ 44.000 millones en 2019, por la mejora en la distribución de la Coparticipación Federal y en concepto de Fondo del Conurbano.
Al mismo tiempo, la provincia se compromete a retirar 59 demandas judiciales contra la Nación.
El acuerdo alcanzado incluye, a la vez, una nueva rebaja del impuesto sobre los Ingresos Brutos ya que el Anexo 1 de la ley nacional obliga a las provincias a ir achicando gradualmente ese gravamen hasta 2022. Entre otras modificaciones, la propuesta contempla rebajas en las alícuotas de Ingresos Brutos en rubros como el transporte y el agro, según el nivel de facturación.
De ese modo, en el agro quienes tributaban al 1,75% pasan al 1,50% en el caso de aquellos productores que facturan más de 78 millones de pesos al año, mientras que en el transporte las alícuotas descienden del 3,5% y del 4,5% al 3%; en tanto, las alícuotas de servicios de electricidad, agua y gas descenderán de 5 a 4%.
A partir de la negociación que se desplegó en la legislatura se incluyó un artículo para que los municipios tengan “capacidades limitadas” para adherir a los contratos de Participación Público Privado, en el entendimiento de que es una herramienta que necesitan los intendentes y una forma más ágil de conseguir financiamiento para obras.
