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El gobierno bonaerense presentó un paquete de leyes para bajar el déficit, reducir impuestos y aumentar la inversión

Vidal y  Lacunza
El Gobierno bonaerense estimó que en 2018 bajará el déficit fiscal de la Provincia, se reducirá la presión tributaria y se incrementará la inversión en obra pública, si prosperan una serie de proyectos que envió hoy a la Legislatura.
Se trata de los proyectos de Ley de Presupuesto 2018, de Responsabilidad Fiscal y una reforma impositiva, que esta tarde ingresaron en el Parlamento provincial.

A esas iniciativas se sumarán, la semana que viene, proyectos para reformar la Ley de Ministerios y el régimen jubilatorio, según anticiparon este jueves el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, y el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza.

En diálogo con periodistas, Lacunza destacó que el proyecto de Presupuesto provincial para el año que viene “tiene tres ejes: la baja del déficit, la baja de impuestos y una mayor inversión en obra pública”. .

La iniciativa contempla gastos totales por alrededor de 630 mil millones de pesos, e ingresos por 599 mil millones de pesos, por lo cual el déficit para el año entrante será de 31 mil millones de pesos, un 0,68% del PBI bonaerense (contra el 0,75% de este año).

“Todo el déficit es por obra pública, fundamentalmente, hidráulicas”, resaltó Lacunza, quien a la vez detalló que las partidas más sustanciosas serán para Desarrollo Social (33% más que este año), Infraestructura (22%) y Salud (19%).

De los programas sociales, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) aumentará sus recursos en un 41%; el “Más Vida” un 50% y el “Envión”, 56%.

Además, el Poder Ejecutivo provincial espera tomar deuda por 58.990 millones de pesos durante 2018 (1,3% del PBI), bajar la presión tributaria para que se ubique en 5,5% y que la inversión alcance al 7,8%.

Por su parte, la reforma impositiva que quiere aplicar el Poder Ejecutivo provincial tiene como uno de sus ejes centrales, una baja en las alícuotas de Ingresos Brutos, pero una suba de hasta el 75% las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos.

Según el proyecto presentado este jueves, por Ingresos Brutos las industrias que facturen hasta 78 millones de pesos anuales estarán exentas, mientras que por encima de ese monto, abonarán una alícuota del 1,5% (contra el 1,75% actual).

La alícuota para la Construcción pasará de 4 a 3%, para Comercios de 3,5 a 2,5% (siempre que la facturación no supere los dos millones de pesos anuales) y para la actividad agropecuaria, de 1 a 0% para pequeños productores (con facturación de hasta 3 millones de pesos al año).

En tanto, el impuesto a los Sellos (para compra-venta de inmuebles) pasará de 3% a 2%.
Con respecto a las valuaciones fiscales, Lacunza comentó: “están muy atrasadas. Son las mismas que hace doce años”, por lo cual aumentarán entre 40 y 75%, sobre la valuación actual de las propiedades.

El ministro detalló que una de cada dos propiedades abonarán 40 pesos por mes; y tres de cada cuatro, 100 pesos mensuales.

Lo mismo pasará con el Inmobiliario Rural, con un tope del 50% para casi la mitad de los campos (quedarán eximidos aquellos de hasta 50 hectáreas y los que sufrieron inundaciones a lo largo de 2017).

“Todo el paquete impositivo tiene un costo fiscal de 10 mil millones de pesos”, puntualizó Lacunza.

El proyecto de reforma contempla, asimismo, eliminar exenciones en algunos sectores: por caso, pagarán Inmobiliario los locales de partidos políticos; tributarán Ingresos Brutos las mutuales que hacen actividad financiera y de seguros y abonarán el Impuesto a los Automotores aquellos que pertenezcan a partidos políticos.

El Poder Ejecutivo también pretende que haya un ajuste de unos 2.500 millones de pesos en los gastos de la Legislatura provincial, durante 2018.

En cuanto al proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, el objetivo es “armonizar la relación con los municipios, tal como lo propone la Nación con las provincias”, comentó el ministro de Economía.

El funcionario resaltó que los municipios “están hoy más solventes, pero hay un gasto en personal creciente”.

“Por eso, queremos establecer reglas: que el gasto corriente crezca como máximo al mismo nivel que la inflación; que el empleo público crezca al mismo ritmo que la población. Y que al final de cada mandato, no se incremente el gasto para contratar gente”, explicó.
Y añadió: “los municipios que se adhieran a esta ley, les daremos autorización para endeudarse”.

También, el Gobierno buscará “armonizar las tasas de ABL, Seguridad e Higiene y Seguridad Vial”, señaló Lacunza.

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