Según detalló la Fiscalía, el contribuyente oficiaba como agente de recaudación: asumía la función de recaudar el impuesto correspondiente a su facturación, y de depositarlo.
Sin embargo, la investigación logró probar el faltante de casi 600 mil pesos de impuestos, en una recaudación que durante dos años alcanzó los 31 millones de pesos.
Al probarse que el empresario tenía capacidad económica- financiera para depositar las retenciones y percepciones efectuadas con respecto al impuesto sobre los Ingresos Brutos, se le imputó el delito de apropiación indebida de tributos previsto y reprimido en el artículo 6º de la Ley Penal Tributaria, que establece penas de dos a seis años de prisión, de acuerdo con el texto oficial.
El empresario finalmente reconoció ante la jueza Carla Cavaliere (a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad) el haberse apropiado de la suma de 557.928,45 pesos correspondiente a Ingresos Brutos, por lo cual se estableció una pena de dos años de prisión en suspenso.
La Fiscalía explicó que a esta condena penal se le suma la correspondiente investigación administrativa, que definirá el resarcimiento de la suma retenida.
La investigación surgió de denuncia realizada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad (AGIP), y fue llevada a cabo por Cristian Longobardi, Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur de la Ciudad.
