La audiencia pública, que será de carácter informativo y tendrá lugar el 7 de noviembre en el Palacio de Justicia ubicado en la Capital Federal, buscará reunir a estas dos administraciones, la de Córdoba –que integra la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la laguna La Picasa-, además de la Secretaría de Recursos Hídricos, a la Procuraduría General y a la Defensoría General de la Nación.
El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, destacó la decisión de la Corte, al resaltar que "se le dio la importancia necesaria a nuestros reclamos, que los gobiernos se comprometan a dar respuesta ante la grave situación que afecta a miles de bonaerenses, y que se lleven adelante todas las obras necesarias para evitar que se repitan estas inundaciones".
