Tras mantener un encuentro con María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéuticos provincial, el Defensor del Pueblo dijo que intervendrá en la causa bajo la figura del 'amicus curiae' (amigo de la Corte), que es utilizada en litigios en que el asunto bajo controversia puede ser de carácter opinable para el ente en cuestión.
Lorenzino dijo que "los medicamentos son bienes sociales, por lo que nos oponemos a que se adopten medidas que vayan en contra de esta idea. Se tienen que respetar las normas y que se priorice la salud por encima de todas las cosas".
La Ley provincial Nº 10.606 impide la instalación de cadenas regenteadas por sociedades anónimas y explicita que "el medicamento por su condición de bien social integra el derecho a la salud" y que en tanto la provincia a "los fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito de sus atribuciones, la participación de profesionales competentes en su proceso de producción y comercialización".
