En otro punto del texto, los mandatarios solicitaron al máximo tribunal que no tome resolución alguna sobre el reclamo de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano “hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate correspondiente entre la Nación, las provincias y el Congreso”.
También plantearon que “siendo un tema que involucra la relación Nación-Provincias, su tratamiento indefectiblemente debe darse a través del debate entre Nación, las provincias y el Congreso de la Nación”.
En realidad los mandatarios reconocen la legitimidad del reclamo de Vidal ya que el Fondo del Conurbano quedó congelado en 1996 y muy desactualizado luego de la devaluación de 2002, pero plantean que el giro de fondos para corregir eso debe correr por cuenta de la Nación y sin que implique un recorte a las partidas de dinero que sus provincias reciben.
Además del gobernador anfitrión, Sergio Uñac (San Juan) estuvieron sus pares peronistas Juan Schiaretti (Córdoba); Sergio Casa (La Rioja); Lucia Corpacci (Catamarca); Juan Manuel Urtubey (Salta); Domingo Peppo (Chaco); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfran (Formosa); Carlos Verna (La Pampa); Hugo Passalacqua (Misiones); Juan Manzur (Tucumán); y los vicegobrnadores Carlos Ponce (San Luis); Pablo González (Santa Cruz) y José Neder (Tierra del Fuego).
También asistieron los oficialistas Gerardo Morales (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes) y los que no pertencen ni al PJ ni a Cambiemos, Miguel Lifschiltz (Santa Fe); Omar Gutiérrez (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero).
En la conferencia de prensa que brindaron tras el encuentro, Schiaretti reclamó “que se ponga también en la balanza” la cantidad de subsidios que reciben de la Nación la provincia y Ciudad de Buenos Aires, porque “es injusto” que se les dé más que al resto de los distritos.
En declaraciones a la prensa, Lifschitz se pronunció en sentido similar y consideró que para dar una discusión en serio “se debería poner todo sobre la mesa: Reforma tributaria (el Gobierno trabaja en una iniciativa en ese sentido pero aún no informó su contenido), subsidios, impuesto al cheque y otras cuestiones”.
“Nadie discute la validez del reclamo de Buenos Aires, pero ¿que pasaría con las demás provincias? Podría entrar en colapso todo”, advirtió el mandatario santafesino.
Con respecto al Fondo del Conurbano bonaerense, Urtubey insistió, como se remarcó en el documento, que “el ámbito para discutir debe ser el Congreso” y agregó que “el Ministerio del Interior debe convocar a una reunión a todos los gobernadores para que podamos conversar esto fuera de un clima electoral”, es decir después de los comicios legislativos del 22 de octubre.
El mandatario salteño puntualizó que de prosperar el reclamo del Gobierno de Buenos Aires, esto le costaría a su provincia más de 2.000 millones de pesos, que significa “un 5% del total de los recursos” que maneja.
“Estamos por empezar a discutir una reforma tributaria, y por eso me parece adecuado que discutamos esta reforma, cuál va a ser la política tributaria argentina y después recién discutir los sistemas de coparticipación”, remarcó Urtubey.
El Fondo de Reparación Histórica del Conurbano se creó en 1992, financiado con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, con la intención de equilibrar lo que recibía la provincia de Buenos Aires en coparticipación, es decir lo que la Nación le gira a las provincias sobre lo recaudado por distintos impuestos.
Pero en 1996 se impuso un tope de 650 millones pesos para ese fondo y el excedente de la recaudación de ganancias empezó a ser repartido entre el resto de las provincia, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires.
En esos veinte años, la inflación registrada y las devaluaciones del peso hicieron que Buenos Aires se quede hoy con menos del 2% del Fondo del Conurbano, ya que el tope se mantuvo.
Ante esta situación, el Ejecutivo bonaerense, con el aval del Gobierno nacional -ambos conducidos por el frente Cambiemos- presentó el 1 de agosto del año pasado una demanda contra el Estado nacional en la Corte Suprema por considerar “inconstitucional” el tope.
La presentación judicial podría resultar en un resarcimiento de 300 mil millones de pesos que surgen del reclamo por el retroactivo de los recursos no recibidos entre 2011 y 2015, si es que la Corte falla a favor de Buenos Aires.
El máximo tribunal invitó a las provincias a que intervengan en defensa de sus derechos en torno al reclamo bonaerense, por lo cual no habría un fallo antes de las elecciones del 22 de octubre.
