El centro había planteado la representación colectiva de los usuarios residenciales del servicio de gas, en el marco de una acción declarativa de certeza contra el Ministerio de Energía y Minería del Poder Ejecutivo Nacional, por la modificación del cuadro tarifario que incrementó el costo de provisión del servicio a nivel nacional.
En el recurso, el Cepis cuestionó las resoluciones 212/16 y 74/17 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que concretó una Revisión Tarifaria Integral para determinar un aumento de las tarifas.
La organización planteó que el Poder Ejecutivo Nacional había omitido brindar información adecuada y veraz a los usuarios, al tiempo que las nuevas tarifas "violaban los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad".
En su dictamen, el fiscal Ferrara consideró que la demanda estaba dirigida a proteger los derechos de la totalidad de los usuarios de gas de la República Argentina, lo que "incluiría a todas las categorías de usuarios previstas en las resoluciones atacadas (Servicio Residencial, Servicio General P, Servicio General G, Gas Natural Comprimido y Gran Usuario)".
Además, repitió los fundamentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Cepis" del 18 de agosto de 2016, y señaló que la pretensión debía circunscribirse "exclusivamente a usuarios residenciales del servicio".
Por ello, el fiscal Ferrara dictaminó en favor de reconocerle al Cepis la representación colectiva de todos los usuarios residenciales del servicio de gas del país y la competencia de la Justicia Federal de La Plata para intervenir en el caso, al tiempo que indicó que correspondía "denunciar la existencia del proceso ante el Registro de Acciones Colectivas que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, así, dar inicio al proceso".
En declaraciones formuladas a Télam, el titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Mariano Lovelli, explicó que "la Fiscalía Nº 2 de La Plata dictaminó que nuestra asociación está legitimada para representar al colectivo de usuarios residenciales de todo el país en una causa colectiva."
Sostuvo que "ahora, entendemos que el Juez inscribirá las acciones en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema y ordenará el traslado de la demanda al Poder Ejecutivo Nacional, al fuero federal de La Plata".
Detalló que si bien desde la ONG se solicitó que "se le imprima un carácter sumarísimo" a la presentación, "a diferencia del amparo, acá necesariamente hay que producir pruebas".
Lovelli sostuvo que "en base a información pública que la empresa YPF brindó a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) nosotros encontramos que el costo del gas en boca de pozo asciende a US$ 2,09 por millón de BTU (unidad térmica británica), cuando el usuario hoy paga US$ 6,80".
Destacó que "si YPF, que concentra el 40% del gas que consumimos, aduce un costo de US$ 2,09, se torna irrazonable que el gobierno establezca que el usuario pague US$ 6,80".
El Ministerio de Energía y Minería de la Nación aún no ha sido notificado como tampoco el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
La "acción declarativa de certeza" es un principio de un proceso judicial de mayor complejidad, por lo que en lo inmediato este reconocimiento de la representación colectiva para usuarios de gas a Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (Cepis) no tiene un impacto inmediato sobre decisiones tarifarias oficiales, según explicaron a Télam especialistas energéticos del sector público.
