El dirigente sindical subrayó que los 96 trabajadores despedidos hace quince días percibieron "mucho menos" del 50 por ciento de la indemnización porque la compañía -que decidió de forma unilateral "cerrar sus puertas"- depositó en sus cuentas un 35 por ciento menos de lo que de manera legítima "les corresponde por ley".
"Ante la crisis de costos y aranceles, la empresa determinó el cese de la producción y afirmó que se dedicará desde ahora a la importación y distribución de los distintos productos. De forma paralela, cesanteó a 96 trabajadores y les depositó mucho menos que el 50 por ciento de las indemnizaciones. Ocurrió que el personal donó a la compañía durante seis meses el 35 por ciento de su salario ante la grave situación y con el objeto de capitalizar a la firma. Luego de despedirlos, los directivos se apropiaron de ese 35 por ciento y no lo abonaron como indemnización", afirmó.
El dirigente gremial ratificó el acampe frente a la planta de Campana -donde están desde hace varios días los 96 despedidos y los 33 suspendidos junto con familiares, dirigentes y militantes- y explicó que en su momento la compañía apeló al procedimiento preventivo de crisis, que contempla desde su iniciación un período de diez días para dialogar y negociar y procurar soluciones.
Sin embargo, dos audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación fueron suspendidas por esos funcionarios por razones de "agenda" -según denunció hoy a Télam Casco-, por lo que detalló que los días previstos por ese procedimiento preventivo de crisis debían naturalmente "suspenderse" hasta iniciar el diálogo.
"La compañía violó la ley y, no obstante la suspensión de esas audiencias, procedió a despedir a los 96 trabajadores. Además, se apropió de ese 35 por ciento donado por el personal durante seis meses para capitalizarla ante la grave crisis. Nadie en la cartera laboral reaccionó y, en la reunión del lunes último -tercera audiencia- se impidió que se labrase el acta del encuentro", dijo.
Casco detalló a Télam que, en su momento, en el conflicto intervinieron, además de los funcionarios laborales nacionales, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y también la gobernadora María Eugenia Vidal, quien en una conferencia de prensa ofrecida hace algunos días "se comprometió a defender los empleos y a involucrarse en la realidad de Carboclor, de la planta nuclear de Atucha y de la avícola Cresta Roja", puntualizó.
El sindicalista subrayó que los funcionarios de Trabajo no permitieron que el lunes último se labrase el acta de la audiencia para "no afectar ni incluir el nombre de la gobernadora", lo que fue rechazado por el sindicato, que confirmó esta noche a Télam que iniciará "acciones penales a esos funcionarios laborales".
Casco añadió que, en principio, Trabajo determinó una nueva audiencia para este viernes, aunque puso en duda que se realice a partir de "la situación de ilegalidad e incumplimiento de la legislación vigente y la actitud parcial de la cartera de Estado".
Para el sindicalista, la compañía debe reactivar de forma inmediata la planta y retrotraer los despidos o, de lo contrario, abonar como estipula la ley el total de las indemnizaciones.
Carboclor, propiedad de la petrolera estatal uruguaya Ancap, había denunciado hoy en una nota enviada a la Bolsa de Comercio "la continuidad del bloqueo ilegal de la planta" de Campana y alegó que las protestas "impiden proseguir la actividad productiva", por lo que "debió suspender" hoy a otros 24 trabajadores.
Casco desmintió de forma rotunda esas supuestas 24 cesantías y explicó que se trató de 33 suspensiones hasta el 1° de agosto, y señaló que la donación durante seis meses de salario de los trabajadores implicó para la firma "un beneficio de 24 millones".
El director de Carboclor, Ignacio Sammartino, dijo en la nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que por tener "patrimonio neto negativo" las indemnizaciones fueron afrontadas principalmente con fondos provenientes del accionista Ancsol, una sociedad anónima financiera de inversión de Ancap, aunque nunca se refirió a la donación de un semestre de los operarios.
Para Casco, la realidad de Carboclor "se identifica con un Estado totalmente ausente y despreocupado de la realidad de los trabajadores", concluyó el dirigente.
