Los elementos almacenados habían sido retirados de circulación porque el juez Claudio Bonadio consideró -en agosto de 2016- que constituían un "riesgo" para sus destinatarios.
En su planteo, la cartera de Salud argumentó que en febrero último Bonadio dictó una medida cautelar por la que ordenó la "suspensión del pago de los kits no abonados hasta entonces” a quien obtuvo el contrato, de lo cual surge que "los elementos no fueron adquiridos finalmente por el Ministerio de Salud”.
Por su parte, los camaristas Adrián Federico Grunberg, José Michilini y Gabriel Vega sostuvieron que no existe impedimento para cumplir lo ordenado, y consideraron que la cartera basó su planteo en “cuestiones de índole administrativo contable” que "no influyen de modo alguno en la decisión que adoptó" el tribunal.
“El Ministerio de Salud plantea una modificación en la decisión del Tribunal basándose en un acto administrativo meramente hipotético y futuro, cuyo dictado ‘se encuentra en curso’, lo que constituye una eventualidad y una razón endeble" contra la decisión de redistribuir los kits, según afirmaron en su resolución de hoy.
