Autoriza la iniciativa al Poder Ejecutivo a prescindir de lo establecido en la Ley 6.021 y/o la norma que en el futuro la sustituya, en lo referente al procedimiento de contrataciones y normas operativas.
Aclara que "en el caso que un Contrato de Participación Público - Privada comprometa recursos del presupuesto público provincial, previo a la convocatoria a concurso o licitación, deberá contarse con la autorización prevista en el artículo 15 de la Ley N° 13.767 y sus modificatorias para comprometer recursos de ejercicios futuros, la que podrá ser otorgada en la respectiva Ley de Presupuesto o en la Ley Especial".
"El total acumulado de los compromisos firmes y contingentes cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el sector público no financiero en los Contratos de Participación Público - Privada, calculados como el valor presente esperado, no deberá exceder el tres por ciento (3%) del producto bruto geográfico de la Provincia a precios corrientes del año anterior", explicita la normativa.
Añade que "el monto total de pagos firmes a realizar y contingentes esperados cuantificables en cada año no deberá exceder el cinco por ciento (5%) del Presupuesto General de la Provincia", y que "estos límites podrán ser revisados anualmente, junto al tratamiento de la Ley de Presupuesto, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y servicios públicos en la Provincia y el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas".
Cuando se sancionó la adhesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Marcelo Daletto (Cambiemos), explicó que "es una herramienta que va a traer más obra pública. El distrito tiene un déficit de infraestructura de $500.000 millones y el gobierno de María Eugenia Vidal se ha caracterizado por emprender la tarea de saldar la deuda en infraestructura de nuestra Provincia”.
