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Centros de diagnóstico denuncian que las prepagas aumentan sus cuotas pero no los aranceles que pagan por las prestaciones

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Medico (CADIME) denunció hoy que el sector se enfrenta a una grave crisis provocada por una “concentración financiera y una depreciación arancelaria que origina endeudamiento, cierre de empresas y desinversión”.
La entidad reclamó al gobierno cumplir con la ley que regula la actividad de las empresas de medicina privada para la regulación de los contratos con los prestadores, la fijación de aranceles mínimos y obligatorios, y la creación de un Consejo Permanente de Concertación entre prepagas, usuarios y prestadores.

El presidente de CADIME, Guillermo Gómez Galizia, reclamó para la entidad participación “en la fijación de aranceles” y advirtió que la falta de un mecanismo de concertación de esos valores “originó condiciones desventajosas para las empresas, que en muchos casos significó su quebranto”.

Gómez Galizia señaló que la concentración en el sector hace que 5 empresas controlen el 70 por ciento de medicina privada y advirtió que la desregulación del sistema de obras sociales “significó un desvío de recursos de entre 40 y 46 mil millones de pesos, hacia las empresas de medicina privada”.

Dijo que esas empresas “aumentaron desde septiembre del 2012 las cuotas a los afiliados en un 253%, incrementando sus ingresos en 15 veces en los últimos años”.

“En cambio, los aranceles se incrementaron 5,5 veces y los costos de producción de prestaciones se vieron incrementados casi 9 veces en promedio”, dijo Gómez Galizia.

El titular de CADIME reclamó la aplicación de la ley 23.661, que obliga a la Superintendencia de Salud, “a concertar los precios de las prestaciones, en una mesa de diálogo con las prestadoras privadas”.

“Lo que hoy existe es una imposición de aranceles y de las condiciones de pagos de las prestaciones, que en muchos casos tienen una demora de 150 días, asfixiando a las empresas del sector que son fundamentalmente Pymes”.

Recordó que la administración kirchnerista “tampoco quiso poner en vigencia la ley”, por lo que CADIME inició una demanda por “omisión de constitucionalidad” ante los tribunales.

Agregó que en el actual gobierno la superintendencia de Salud “nos argumentó que no se puede hablar de concertar aranceles porque hay libre mercado, con lo cual quieren profundizar la privatización de la salud”.

“Pareciera que al actual gobierno no le interesa la salud de la gente, porque inicia mecanismo de concertación con la industria petrolera, la automotriz, pero no lo quiere en nuestro sector”, agregó el dirigente empresario.

Advirtió que con esa política “se perjudica a miles de pymes, que asisten a la población en miles de lugares del país, donde no llegan las prepagas, precarizando la calidad del sistema de salud”.

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