Las acusaciones en su contra son por “asociación ilícita y lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”.
La causa se inició a partir de una denuncia que radicó Carrió y por la que fueron procesados el exjefe de Gabinete provincial Alberto Pérez y el exsubsecretario Administrativo de esa dependencia Walter Carbone.
La diputada nacional denunció que el exgobernador bonaerense “habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial”.
Mencionó a la empresa estatal de aguas y cloacas Absa, al Instituto Provincial de Loterías y Casinos y “la presunta ‘contratación fraudulenta de personal' en la construcción del Puerto La Plata, y supuestas maniobras de ‘estafas y sobreprecios' en la obra social IOMA”.
Al dictar el procesamiento de Pérez, el fiscal Garganta sostuvo que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015, el entonces jefe del Ministerio de Jefatura de Gabinete, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
