Sin embargo, el juez consideró que no existen pruebas que ameriten una citación a indagatoria del intendente Posse e instó a la fiscalía a realizar peritajes técnicos y financieros.
La Secretaria de Obras Públicas de San Isidro había explicado el destino de los fondos al señalar que los recursos nacionales suponían la construcción de viviendas en un lugar que ya contara con aptitud de suelos, servicios y trazado urbano, pero que ésa no era la realidad de la zona del bajo de San Isidro, que reúne las características de un bañado. Por eso, indicó, parte del presupuesto nacional se destinó a poner a punto el lugar, pero también a la construcción de las viviendas provisorias para albergar a las familias.
Para Posse hay una motivación política detrás de la causa judicial.
"Esta denuncia fue iniciada por Marcela Durrieu, concejal del Frente Renovador de San Isidro y suegra del diputado Sergio Massa, en el marco de la campaña electoral de 2015, en la que se postuló como candidata a intendenta", manifestaron desde la intendencia en un comunicado.
Agregaron que este año, también electoral, "el fiscal Di Lello, que imputó al presidente Mauricio Macri el día de su discurso ante la Asamblea Legislativa, avanzó con un pedido de indagatoria a Posse que estuvo más ligado a lograr un impacto mediático que a alcanzar la verdad". Cerca de Posse agregaron: "Podría estar vinculado a una movida más grande por parte del grupo de fiscales con filiación partidaria que usan a la Justicia con fines políticos".
En su momento, en febrero, el fiscal, antes de emitir el dictamen y luego de una recorrida por el barrio, había advertido: "Posse estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras".
Fuente La Nación
