El pronunciamiento no hizo lugar a la medida cautelar para suspender preventivamente el decreto que modificó la ley dictada por el Congreso Nacional que había fijado la prohibición del ingreso de familiares de funcionarios acceder al blanqueo.
En rigor, el magistrado no se expidió sobre lo que se denomina el “fondo de la cuestión” que es la constitucionalidad o no del cuestionado decreto, y aclaró que en breve tomará una medida al respecto.
“Acceder al dictado de la cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso, al satisfacerse por medio de la cautelar aquello que es el objeto del amparo”, argumentó el juez.
En esa línea, el magistrado consideró: “La sumarísima vía escogida (amparo ley 16986) y la inminencia de su decisión descartan la existencia de perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia”.
Ahora, Solá puede apelar la resolución ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para intentar revertir el fallo de primera instancia.
Según Solá, el decreto 1206/2012 viola la ley 27.260 de blanqueo que en mayo aprobó el Congreso Nacional el año pasado en donde se había excluido a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido “Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal”.
Además de la causa administrativa, están pendientes dos denuncias penales presentadas por la oposición: una de diputados de Libres del Sur y otra del Frente para la Victoria contra Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el por entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
