Además, el fiscal argumentó que diversas investigaciones en curso podrían verse afectadas, debido a que el criterio de una sala de Casación “imposibilita en la práctica la detención de personas investigadas por delitos graves, supeditándolas a la finalización del trámite recursivo de la eximición de prisión, lo que podría demorar años”.
Altuve sostuvo que el pedido debe ser de “urgente intervención de la Suprema Corte”, entendiendo que “la interpretación y aplicación de las normas debe ser justa y razonable y no puede vulnerar principios constitucionales ni la potestad estatal de investigar delitos”.
“De lo contrario, se corre el riesgo de afectar severamente la correcta administración de justicia y la credibilidad que las instituciones merecen”, consideró el fiscal bonaerense.
El 25 de enero, la Sala de Feria del Tribunal de Casación bonaerense, dispuso la libertad de los jefes policiales por entender que su detención resultaba ilegítima.
A criterio de los jueces Jorge Celesia y Mariano Borinsky “no corresponde ejecutar la detención hasta que la eximición de prisión, si bien fue rechazada por el Juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones, fuera tratada por el Tribunal de Casación y, eventualmente, la Suprema Corte Provincial y la Corte Suprema Nacional”.
Esta disposición judicial benefició al ex titular de la departamental Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo, el exsecretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck; y los comisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz.
