Los expedientes fueron iniciados por la asociación civil “Abogados por la Justicia Social”, que quedó a cargo de Ailán, y otro por el diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá, que está en manos del juez Furnari.
En el marco de la nueva ley de medidas cautelares, el Gobierno debe entregar el informe correspondiente en el plazo indicado por el magistrado, publicó Ámbito.com.
Fuentes judiciales confirmaron que la jueza Ailán le envió la semana pasada al Gobierno un oficio para que en el plazo de cinco días presente el informe.
El lunes Furnari tomó idéntica decisión y le dio un plazo de tres días para que responda.
Los informes podrían llegar después de la feria judicial de verano, y una vez que los jueces los tengan en su poder, quedarán en condiciones de resolver si suspenden o no la aplicación del decreto.
Los amparistas, “Abogados por la Justicia Social” y el diputado Solá cuestionaron el decreto por ser contrario a lo que el Congreso Nacional había aprobado en mayo por ley 27.260 en la que excluía expresamente a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido funcionarios.
A fines de noviembre, Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, firmaron el decreto 1206 por el cual se estableció que los familiares podían ingresar al blanqueo.
Ese ingreso es “exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha” en que los funcionarios ingresaron a sus cargos.