Puntualmente se los imputa por “peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La denuncia surgió a partir de una presentación de la diputada Elisa Carrió, quien afirmó que los exfuncionarios encararon maniobras destinadas a “encubrir gastos” que eran autorizados con la firma de Pérez firma en perjuicio de la administración pública provincial.
Garganta justificó la prohibición de salida del país por la “magnitud de la investigación” y por la “disponibilidad económica de los imputados”: en el caso de que alguno tenga que viajar, deberá pedir una autorización previa.
Pérez y Carbone (este último a quien se le secuestró de su casa en el country Abril una estatua de dragón con una caja de seguridad oculta en su vientre) negaron haber participado en la sustracción entre 2014 y 2015 de más 10 millones de pesos mediante facturas truchas por servicios brindados para eventos públicos.
El exjefe de Gabinete bonaerense había prestado declaración indagatoria ante el fiscal que investiga irregularidades en la gestión anterior: dijo que tanto Jefatura como su DGA “se desenvolvían bajo las normativas sancionadas por la Legislatura y utilizadas por todos los gobiernos anteriores y que se encuentra en plena vigencia”.
En esa oportunidad Pérez negó ante el fiscal Garganta su participación en la causa por supuestas “facturas apócrifas” denunciadas por la diputada nacional Elisa Carrió que dio inicio a la causa.
“La realización de eventos en la provincia de Buenos Aires, se lleva a cabo basado en la legislación vigente, esto es, en el artículo 40 de la Ley 10.189, sus modificatorias y el decreto 288/07, que no establece un procedimiento rígido y determinado”, aclaró el funcionario acusado en su declaración.