Ese cargo está vacante y los candidatos a ocuparlo son Lino Claudio Mirabelli, María Alejandra Provítola, José Antonio Michilini, y en una lista complementaria de concursantes aparece Grangeat.
Según sostuvo Carrió, que se recupera de una angioplastia, el integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo Juan Mahiques ubicó en tercer orden de la lista de concursantes a Grangeat.
Ahora, la diputada nacional se presentó en el Consejo de la Magistratura para impugnar la candidatura del supuesto candidato de Angelici a ocupar el juzgado vacante número 2 de San Isidro.
La legisladora denunció públicamente meses atrás al presidente de Boca Juniors por ser un presunto operador judicial del macrismo en los Tribunales Federales de Comodoro Py, acusación en la que luego se basó una investigación judicial.
“No es nada descabellado pensar que sectores de inteligencia necesiten poner gente propia en la jurisdicción Federal de San Isidro y es ahí donde Juan Manuel Grangeat se presenta como la mejor opción. Formado por sectores de la justicia federal de Comodoro Py este candidato asegura manejar los códigos verticales que los servicios de inteligencia necesitan”, señaló la diputada en el escrito.
A su entender, “sectores de inteligencia impulsan su designación y presionan al Gobierno para que esto suceda”.
Carrió consideró que es clave el cargo en el juzgado federal 2 de San Isidro, que tiene en el número 1 a la magistrada Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman.
“La jurisdicción de federal San Isidro es de suma importancia. Gran parte del empresariado y políticos tienen domicilio en el lugar, allí se encuentran la quinta de Olivos, el aeropuerto de San Fernando y causas graves por lavado y narcotráfico en Tigre y Nordelta”, sostuvo la diputada.
Además, Carrió advirtió que la candidatura de Grangeat es impulsada también por el camarista Eduardo Freiler, a quien el Gobierno Nacional tiene en la mira para intentar forzar su renuncia y afronta en la actualidad una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
