Cristina Kirchner había cuestionado la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y planteado la nulidad de la misma, así como el llamado a indagatoria, lo que fue desestimado por Ercolini, quien ahora también rechazó el recurso de apelación presentado por la expresidenta para que la nulidad sea revisada por la Cámara Federal.
De esta forma, la exmandataria solo puede llegar a la Cámara Federal con su planteo mediante un “recurso de queja”, lo que no obliga a postergar su citación prevista para el 31 de este mes en los tribunales federales de Comodoro Py.
En tanto, para De Vido, tras serle rechazada su presentación, también se confirmó su convocatoria para el lunes próximo.
La semana pasada el juez Ercolini había rechazado in límine, esto es, sin darle tratamiento, el planteo de nulidad que la expresidenta hizo contra el fallo que dispuso su indagatoria y la acusación fiscal en esta causa.
La exjefa de Estado había solicitado la nulidad de la citación, así como de la acusación hecha por los fiscales: sostuvo que la investigación está “direccionada” a lo que hace a la provincia de Santa Cruz (los fiscales acusaron que el 80 por ciento de las obras allí las cedieron al empresario Báez) y que sólo se investigó a un único proveedor.
La líder del Frente para la Victoria reclamó una investigación de “manera completa, integral y centralizada de toda la obra pública”, y una “readecuación del objeto procesal, para que sea investigada no sólo una empresa, no sólo una provincia, sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares”.
En ese sentido, cuestionó que sólo se investigó “un porcentaje de la obra pública” y criticó que se haya hecho una “análisis en un único territorio o bien personalizado en un único contratista del Estado”.
Según señaló Cristina Kirchner, “son tan graves y manifiestos los vicios en que incurren los fiscales que lamentablemente traen al recuerdo momentos oscuros vividos por la Justicia durante los períodos en que imperaron las dictaduras militares que arrasaron con derechos y garantías constitucionales”.
La expresidenta y De Vido están acusados de fraude con la obra pública al haber beneficiado con licitaciones en Santa Cruz por 16.000 millones de pesos a Lázaro Báez.
