Todo comenzó a partir de una denuncia radicada por los vecinos del complejo habitacional denominado Villa 31 y 31 Bis.
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Matías Michienzi.
Los vecinos denunciaron que los líquidos vertidos por la empresa tenían efectos nocivos para su salud.
El pasado agosto, el fiscal intimó a Flechabus para que cese con los derrames tóxicos, además de efectuar mejoras para adecuar su actividad a los requisitos de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) de la Agencia de Protección Ambiental.
Sin embargo, en una segunda inspección se comprobó que Flechabus ignoró las intimaciones y continuó efectuando derrames con desechos tóxicos al conducto pluvial.
Este miércoles, el fiscal dispuso la inspección integral de la cabecera de la empresa Flechabus y constató que la empresa seguía incumpliendo las intimaciones de la Fiscalía.
Además se verificó la existencia de una manguera que egresaba del predio de Flechabus hacia la boca de tormenta de la red pluvial.
Así se volcaban en la vía pública sustancias insalubres de un fuerte olor que dificultaba la respiración, que podría tratarse de derivados de hidrocarburos.
En la inspección también se encontró que en el sector lavadero se encontraba una cámara de tratamiento colapsada de derivados de hidrocarburos y materia fecal que generaba un efluente al conducto pluvial.
Además en el sector taller y en el sector pintura no se encontraban las contenciones y cámaras de seguridad en materia ambiental y se verificaron vuelcos directos al conducto pluvial donde se arrojaban los desechos generados por el lavado, y reposte de los micros de larga distancia que allí ingresaban.
Se dispuso el vallado de los tres sectores donde se constataron los vuelcos por encontrarse afectada la salud pública y al medio ambiente.
Además, se tomaron muestras para su análisis en todos los lugares de la verificación de los arrojos ilegales, con la prohibición de ingreso de micros a dichos sectores, sin afectar la operatividad del servicio general de la empresa.
El procedimiento fue llevado adelante por el Área de Contravenciones y Faltas de la Policía Metropolitana, con la intervención de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y de la Dirección General de Red Pluvial (DGPLU).
