El texto fue apoyado por las principales bancadas que integran el cuerpo, tanto la de Cambiemos, como las del FR, FpV-PJ, PpV-FpV y bancadas menores, mientras que el bloque del GEN se abstuvo y el monobloque del FIT y el FPV se opusieron.
La Ley Nacional 27.260 estableció un régimen de declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional, extranjera y otros bienes ubicados tanto en el país como en el exterior.
Quienes se adhieran a este régimen de blanqueo quedan liberados del pago de los tributos que hubieran dejado de abonar; de los intereses, recargos o multas generados; y de toda acción penal que pudiera corresponder, de acuerdo al bien blanqueado.
El artículo 49 de esta ley nacional se invita a las provincias a adherirse a este régimen. Al adherir la provincia, si un bonaerense desea blanquear una propiedad, capital o bien en este territorio o en el exterior, no se le cobrará ningún tipo de penalidad por fuera de las medidas que ya rigen el blanqueo nacional.
El ministro de Economía, Hernán Lacunza, aclaró que se trata de una “medida, de carácter excepcional y transitoria, que está orientada a facilitar la regularización de deudas tributarias provinciales”.
“La idea es acompañar la iniciativa nacional. Ningún bonaerense pagará ningún impuesto provincial retroactivo si decide adherirse al blanqueo. Quien realice un sinceramiento tributará por el bien exteriorizado a partir de haberlo declarado”, señaló Lacunza.
Por su parte, el director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Gastón Fossati, destacó “la decisión de la Legislatura bonaerense de aprobar la adhesión al régimen de sinceramiento nacional”.
Fossati elogió “la determinación de los legisladores para sancionar el proyecto, ya que interpretaron que contribuirá a dinamizar la inversión en este nuevo contexto que vive el país y será fundamental para avanzar y crecer”.
Para acceder al régimen lo bonaerenses deberán tener cumplida la presentación de las declaraciones juradas.
Y en el caso de obligaciones en instancia judicial, será condición para someterse a la regularización, el pago previo de la Tasa de Justicia y de los costos y costas que correspondan, inclusive cuando se trate de ejecuciones judiciales exclusivamente referidas a conceptos que resulten totalmente reducidos de acuerdo a lo previsto en el propio proyecto sancionado.
