“Estamos confiados en la reactivación de la economía y para eso necesitamos contratar alrededor del 15% más del personal, pero ante la falta de seguridad que existe en el plano laboral que incrementan los costos adicionales al salario, no hay garantías para una pyme porque está expuesta a perder su empresa o a achicarse por los juicios laborales”, se lamentó el dirigente.
El cálculo surge de la retracción del 15% de contratación de personal que hicieron los empresarios fabriles ante los mayores costos e incluso el temor por una eventual quiebra de pymes por las altas erogaciones que afrontaron durante los últimos cinco años ante la multiplicación de los juicios laborales.
Los dueños de fábricas hicieron un fuerte reclamo en el Congreso y ante la Legislatura provincial para revisar leyes que perjudican a los industriales o crear una legislación que proteja a las pymes ante la multiplicación de los juicios laborales, un fenómeno que se produjo a pesar de la drástica reducción de los accidentes dentro del ámbito de trabajo.
Sin embargo, Rosato lamentó la inacción ante el reclamo y advirtió que la falta de resolución de los conflictos que se generan a partir de los juicios laborales será un “ancla en la reactivación productiva ante el interés que mostraron inversionistas del mundo que se reunieron esta semana en la Argentina”.
En la actualidad, la actividad manufacturera registra 1.300.000 puestos de trabajo en blanco y se estima que existen 800.000 empleados no registrados, y según reveló el representante del parque industrial ubicado en Berazategui, un 15% de los dueños de fábricas desistieron de contratar nuevo personal por la alta conflictividad que sufren en territorio bonaerense.
“Para pensar en una reactivación industrial, tiene que resolverse ese tema. Si bien es una necesidad la nueva ley de ART, no contempla ninguna solución para la industria, a la que hay que salvarla ante la alta judicialización”, enfatizó Rosato.
El industrial bonaerense además reclamó “para que las empresas sean más competitivas se debe bajar la alícuota que pagan a las ART, al señalar que en “las fábricas argentinas tienen que costear alrededor del 15% en alícuotas mientras que el promedio mundial es del 2 o 3%, lo que perjudica el costo de los productos nacionales que quieren salir al mundo a competir”.
“El planteo central es la problemática que hoy perjudica a las pymes a partir de las decisiones que surgen de los tribunales en donde jueces laborales piden acuerdos que terminan siendo sumamente costosos. Y como no existe una Cámara de Apelaciones, las pymes estamos al borde de la quiebra o de los embargos de las cuentas”, alertó Rosato.
