La abogada había pedido una medida cautelar para frenar el traspase de la base de datos, al considerar que vulnera la privacidad de información de las personas.
En la resolución, la jueza evaluó que “no se ha acreditado –de modo concreto- la irreparabilidad del daño que invoca la actora y que tornaría indispensable otorgar la inmediata tutela jurisdiccional sin esperar a la sentencia definitiva”.
“Cuando la medida cautelar ha sido solicitada en una acción de amparo, que se caracteriza por sus plazos abreviados y la celeridad en el trámite al constituir un vía urgente y expedita, por principio, no corresponde adentrarse en una decisión que importaría adelantar aquello que ha ser -a la brevedad- materia de pronunciamiento en la sentencia definitiva”, añadió.
Esto implica que la jueza rechazó suspender de manera provisoria el traspaso de las bases al gobierno nacional, pero en un breve lapso definirá sobre la cuestión de fondo, en la cual podría o bien suspender el convenio o no.
En la causa judicial, el fiscal Delgado promovió una investigación penal contra el jefe de Gabinete por el traspaso de las bases de datos de la Anses al Poder Ejecutivo y le pidió al juez Sebastián Casanello varias medidas de prueba.
En ese sentido, la fiscalía consideró que “la cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que puede disponer el estado para difundir los actos de gobierno”.
Como medida de prueba, el fiscal pidió que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación “evalúe la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses”.
“Dicho estudio también deberá ser encomendado a la Procuración del Tesoro de la Nación y dos expertos independientes del Poder Ejecutivo”, agregó.
