La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que la decisión judicial sorprendió “negativamente a la pequeña y mediana empresa, que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de los aumentos”.
Agregó que el tarifazo puso “en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo” y sostuvo que “los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las pymes”.
“Al mismo tiempo, hay que poner en claro que los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los grupos concentrados. La CAME señala que donde corresponda, encaminará las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo”, indicó en un comunicado la entidad que preside Osvaldo Cornide.
El presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, advirtió que “miles de fábricas están en riesgo de cerrar sus puertas, como consecuencia de una brusca caída del consumo interno, sumada al tarifazo, la inflación descontrolada y la apertura de importaciones, incluido el puerta a puerta”.
Señaló que “pese al fallo, el ajuste de tarifas de las empresas será pagado indirectamente por todos los argentinos, debido que a las mipymes no les quedará otra alternativa que trasladarlo a los precios de los productos finales”.
Dos Reis se refirió también a los clubes de barrio y otras organizaciones sociales, que “aún continúan desprotegidos y en riesgo ante tarifas con aumentos del 400 por ciento”.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) aseguró que la sentencia genera “inseguridad jurídica” sobre el valor de las tarifas para el sector y advirtió que eso “equivale a decretar el cierre de miles de empresas”.
“La vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios”, aseguró la entidad.
En un comunicado, la cámara empresaria alertó también que el fallo habilita el tarifazo a “pymes, empresas recuperadas y cooperativas” y señaló que “el límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio”.
