A través de la Resolución 129 de la cartera que encabeza Juan José Aranguren, se instruye al ENARGAS para que “disponga las medidas necesarias a fin de que, durante el año 2016, el monto total, impuestos incluidos, de las facturas que emitan las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios residenciales (categoría R y sus subcategorías) deban abonar por consumos realizados a partir del 1 de abril de 2016, no superen en más de un 400% el monto total, impuestos incluidos, de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior”.
Según se indica la medida hará que “el monto facturado no supere una suma equivalente a CINCO (5) veces el monto total de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año anterior”.
El Gobierno justificó la medida al indicar que se produjeron “incrementos significativos del monto de las facturas de los servicios a usuarios residenciales y del servicio General para Pequeños Consumos, particularmente en aquellas jurisdicciones donde el precio del gas era inferior al del resto del país”.
Señaló además que “el significativo incremento del consumo de gas vinculado a las condiciones climáticas registradas en determinadas regiones del país, especialmente a las temperaturas considerablemente inferiores durante los meses de abril y mayo de 2016 respecto de las verificadas en los mismos meses del año anterior” provocaron “facturas a usuarios por montos totales significativamente superiores a los del mismo período del año anterior”.
A eso se sumó, según se afirmó, el “hecho de que, por las condiciones de temperatura en dicho período de 2015, que favorecieron la disminución del consumo respecto de 2014, las tarifas de numerosos usuarios se habían visto reducidas debido a la aplicación de descuentos por ahorro establecidos por la Resolución de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 226 del 31 de marzo de 2014”.
También se afirmó que “en el contexto descripto se plantearon numerosas acciones judiciales contra las resoluciones que dispusieron los incrementos de precios y tarifas referidos al servicio de gas, con resultados dispares en distintas instancias y ámbitos territoriales, circunstancia que ha afectado el grado de certidumbre y claridad que deben tener los usuarios de todo el país con relación al servicio público que reciben”.
