En la última sesión de la Cámara baja, realizada hace dos semanas, Martínez solicitó infructuosamente el tratamiento sobre tablas de una ley de tarifas y ahora insiste en que el parlamento tome cartas en el asunto.
“Este Congreso sesiona de manera especial para pagarles a los fondos buitre, para derogar la ley de medios y para votar un blanqueo. Creo que este es un tema mucho más urgente y que merece que hagamos una sesión especial”, enfatizó.
El diputado por Neuquén señaló que “la Justicia no puede resolver” lo que consideró “falta de conocimiento del ministro (de Energía, Juan José) Aranguren y el presidente (Mauricio Macri), ni el grado de improvisación con que toman medidas gestionando a prueba y error como si estuvieran jugando al juego del estanciero”.
“Tampoco puede la Justicia suplir el grado de insensibilidad que tiene un Gobierno que solamente piensa en su entorno empresarial para tomar medidas y no en la gente”, cuestionó.
Por su parte, el diputado Solá, del interbloque federal Unidos por una Nueva Argentina (UNA), afirmó que los aumentos de tarifas “demuestran un desconocimiento muy grande la Argentina real y de su entramado social”.
“El tarifazo muestra una insensibilidad social muy grande”, dijo el legislador massista en declaraciones a Radio del Plata, y agregó que el ajuste dispuesto por el Gobierno “es una barbaridad que afecta a más del 60 por ciento de los argentinos y sobre todo genera un parate muy grande a las PyMEs, que se ven imposibilitadas de generar algún empleo”.
Solá también señaló que “esta medida desconoce las regionalidades argentinas y los distintos problemas que tiene cada zona” y la comparó con el “shock económico” dispuesto por el ministro de Economía Celestino Rodrigo, de la presidencia de María Estela Martínez de Perón.
“Empobrece a una gran cantidad de argentinos, que después le cuesta mucho salir o no salen directamente. Por donde lo miren es una versión del ajuste neoliberal”, agregó el exgobernandor de la Provincia de Buenos Aires (2002-2007).
Al igual que Martínez, Solá le reclamó al Gobierno la convocatoria a “a audiencias públicas lo más rápido posible y establecer un cronograma de aumentos muy modesto, 1 o 2 puntos por arriba de la inflación”.
En tanto, el bloque de diputados del FPV-PJ, que conduce Héctor Recalde, se presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia como amicus curiae para resolver las controversias surgidas en torno al incremento de las tarifas de luz, gas y agua, y pidió que el máximo tribunal de participación al Congreso en el tema.
A la vez, el FPV-PJ invitó al resto de los bloques de la Cámara de Diputados a través de una nota a “coincidir entre todos en una fecha para convocar a sesión especial”.
La bancada kirchnerista le solicitó a la Corte “ser tenidos por parte en el carácter de amigos del tribunal (amicus curiae) en todos los procesos donde la Corte asuma jurisdicción para considerar los aumentos de tarifas de los tres servicios”.
Con todo, el bloque FPV-PJ le sentó al máximo tribunal su postura en el sentido de que “la solución al conflicto por el tarifazo debe provenir de los órganos políticos del Gobierno de la Nación surgidos en forma directa del voto popular”, y al respecto informaron que han presentado “un proyecto de ley para suspender el aumento por un plazo razonable y breve, de modo que el Poder Ejecutivo en ese período convoque a las audiencias públicas”.
La presentación fue firmada por los diputados nacionales Teresa García, Luis Basterra, Rodolfo Tahilade, Darío Martínez, Carlos Heller, Diana Conti, Edgardo Depetri, Adrián Grana, Carlos Castagneto, Luana Volnovich, Julio De Vido, Cristina Álvarez Rodríguez, Liliana Mazure, Nilda Garré, Mayra Mendoza, Andrés Larroque, Eduardo Seminara, Walter Santillán, Juan Cabandié, Alicia Soraire, Carolina Gaillard y Fernanda Raverta.
