Ricardo Perea, presidente de la cooperativa desde que los trabajadores comenzaron a gestionar la fábrica luego de la quiebra del 2001, dijo a Télam que “la represión de ayer fue un hecho de violencia inaudito que terminó con muchas personas lesionadas por balas de goma o afectadas por los gases y 11 compañeros presos a los que hubo que salir a buscar por todas las comisarías de la zona, porque nadie informaba a dónde los habían llevado”.
“Hoy nos tomamos un día de pausa para estar con nuestras familias y reponernos de una jornada que fue muy dura en todo sentido; pero mañana vamos a reunirnos a las 10.30 en el Centro Cultural IMPA y vamos a trazar los siguientes pasos de nuestra lucha para recuperar el trabajo y la fuente de ingresos de nuestras familias”, agregó.
“Está claro más que nunca que no hay una solución judicial sencilla porque parece haber muchos intereses cruzados para que esta cooperativa, que es sustentable desde hace 15 años, cierre sus puertas. Por eso estamos avanzando en el diálogo con autoridades bonaerenses ya que creemos que la única persona que hoy puede resolver este conflicto es la gobernadora María Eugenia Vidal, que tiene todas las herramientas para ello”, completó.
Por su parte, la asesora legal de la cooperativa y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), Ornella Nociti, dijo a Télam que “más allá de la violencia innecesaria con la que ayer la policía bonaerense desalojó a los trabajadores es muy grave lo que pasó después, cuando se llevaron a 11 de ellos detenidos y los dividieron en distintas dependencias sin informar sobre el paradero de cada uno; tuvimos que ir comisaría por comisaría y a los últimos tres tardamos casi cinco horas en hallarlos”.
Nociti informó que “en la cámara comercial está pendiente de resolución una apelación con un acuerdo controvertido entre la cooperativa y el titular de la hipoteca, Eric Heuser, que es el dueño de la empresa de electrónica y telecomunicaciones VEC”.
La asesora legal explicó que “en 2011 estaba por vencer la ley de expropiación sobre el inmueble que se había sancionado en 2007, y la abogada de ese entonces de la cooperativa, Vanesa Castrobordo, les aseguró a los trabajadores que no había más chances que acordar con Heuser porque se iban a quedar en la calle”.
“El apoderado de VEC, López Blanco, y el abogado de Heuser, Carlos Nilson, llegaron extrajudicialmente a un acuerdo con Castrobordo que les planteó como inevitable a los trabajadores un convenio por el cual la empresa de Heuser los tomaba como empleados y ellos renunciaban a la titularidad del inmueble cuya ley de expropiación finalmente había sido renovada hasta 2017”, detalló.
“Ese acuerdo nunca fue homologado judicialmente y fue denunciado por los propios trabajadores cuando comprendieron el tenor del documento, y sin embargo fue validado por el juez Orlando Díaz que en sólo tres días resolvió el desalojo”, aclaró Nociti.
“A los trabajadores hoy les llegó una carta documento instándolos a presentarse a trabajar en la planta de VEC pero nosotros ya presentamos la denuncia por estafa, y ademas el lunes vamos a realizar una denuncia ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) por los incidentes de ayer”, concluyó
