Por una vieja normativa, reactualizada en 1996 por la Corte, los funcionarios judiciales están exentos del pago de Ganancias y, en ese contexto, los empleados judiciales quedaron asimilados y equiparados con ese beneficio, bajo el argumento de la “intangibilidad de los salarios” del Poder Judicial.
La Corte había convocado a representantes de la Procuración General de la Nación, de la Defensoría General de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
Todos los organismos enviaron sus representantes, pero no estuvieron ni la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ni la defensora general, Stella Maris Martínez.
Las partes decidieron no emitir un documento explícito con su postura, pero resolvieron conformar una comisión que dará forma al criterio que prevaleció en la reunión y luego pedirá una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para oficializarla.
De todas formas, la postura ya está en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que encabeza Alberto Abad.
En la planta baja del Palacio de Tribunales, un centenar de trabajadores realizaró una ruidosa protesta que incluyó bombos, cornetas, silbatos y una profusa volanteada en contra de la eventualidad del pago del Impuesto a las Ganancias.
