A partir de esta resolución, Barreda (79), quien se encontraba en libertad condicional en un nuevo domicilio fijado en el partido bonaerense de Tigre, quedó en plena libertad y ya no tendrá que estar controlado por la Justicia.
En la parte resolutiva, el juez Dalto ordena que se notifique sobre esta resolución “al Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires, al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, a la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al Juzgado con competencia electoral provincial y al Registro de las Personas”.
La resolución, firmada el martes, también incluye en sus considerandos todos los antecedentes sobre los fallos y beneficios que se dieron a lo largo de la historia de la causa.
Así se explica que la condena a prisión perpetua para Barreda “adquirió firmeza el 2 de mayo de 2007 en razón de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires”.
Luego, se señala que “el 29 de marzo de 2011 la Excma. Cámara le concedió la libertad condicional al nombrado” imponiendo como requisitos fijar un domicilio, hacer tratamiento psiquiátrico-psicológico, no cometer nuevos delitos y someterse al cuidado del Patronato de Liberados.
Este fue el momento en el que Barreda, quien desde el 2008 cumplía prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde convivía con su por entonces novia, Berta “Pochi” André, pudo empezar a salir a la calle.
El juez Dalto también valoró que el 17 de diciembre de 2012 se hizo “cesar la condición de continuar con el tratamiento psiquiátrico-psicológico que venía realizando” en un centro de salud mental porteño.
El magistrado también menciona el incidente a partir del cual el 22 de diciembre de 2014 a Barreda se le revocó el beneficio de la libertad condicional y volvió a prisión, a la Unidad 25 de Olmos, porque había denuncias de presunto maltrato hacia su pareja.
El fallo recuerda que en aquella oportunidad quedó claro que no se trataba de una revocatoria absoluta, ya que “el condenado no se sustrajo a la ejecución, no se ausentó del domicilio denunciado, no evadió el control del Patronato de Liberados”, pero sí debía aportar “un nuevo domicilio (…) para continuar con su debido control”.
La resolución señala que “con fecha 30 de diciembre del año próximo pasado, se restableció el beneficio”, cuando el odontólogo propuso como nuevo lugar de residencia para su libertad condicional un domicilio en el barrio Los Troncos de El Talar de Pacheco, en el partido de Tigre, donde actualmente está residiendo.
Dalto también destaca que, ante el pedido de libertad efectuado por su defensor, Eduardo Gutiérrez, se le corrió vista a la fiscalía y ésta contestó que “debe hacerse lugar a la petición defensista, ello es, se declare la extinción de la pena por cumplimiento de la misma y el cese de la inhabilitación”.
El abogado Gutiérrez, expresó a Télam su satisfacción por el fallo y recordó que estaba "bregando desde hace veinte años por esto, es lo que correspondía".
"Esto culmina acá, terminó el proceso. Es el cumplimiento total de la pena y, desde ahora, se renuevan todos sus derechos", explicó.
El letrado añadió que "a Ricardo le va a cambiar la vida, no se va a tener que someter a nada más, lógicamente lo venía controlando mensualmente el Patronato de Liberados pero ahora está libre del todo".
Gutiérrez dijo desconocer qué hará Barreda a partir de ahora o dónde residirá, pero precisó que "tomó bien la noticia, para él es la culminación de un largo proceso".
Luego, reflexionó que no sabe "si la sociedad lo perdonó o no" y precisó que en nuestro sistema penal "hay premios y castigos. Dentro de las penas, él tuvo su castigo y su deuda está hoy judicialmente cumplida".
El 15 de noviembre de 1992, en su casona de 48 entre 11 y 12 de La Plata, Barreda asesinó con una escopeta marca Víctor Sarrasqueta a su esposa Gladys Margarita Mac Donald (57), su suegra Elena Arreche (86) y sus hijas Celina (26) y Adriana (24), según contó en el juicio, como una reacción a los maltratos y humillaciones que recibía de todas ellas.
El odontólogo primero negó la acusación de asesinato e intentó hacer pasar el crimen como un robo a su casa pero finalmente confesó y fue condenado en 1995 a la pena máxima del Código Penal argentino.
