De hecho, las pocas objeciones que recibió el proyecto en medio del amplio consenso se refirieron al hecho de que el director de ese organismo será propuesto por el Poder Ejecutivo sin intervención de los otros poderes del Estado, mientras que su remoción deberá ser consultada con una comisión bicameral del Congreso cuya opinión, sin embargo, no sería vinculante.
Esto fue modificado durante la votación en particular a pedido de la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, quien advirtió que la opinión de esa comisión del Congreso respecto de la remoción del funcionario debería ser vinculante, lo cual fue aceptado por el oficialismo.
La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del diputado oficialista Pablo Tonelli, quien lo calificó como “un gran avance” para que el Congreso “cumpla con una deuda que arrastra desde hace muchísimos años” y agregó: “La transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, es una de las mejores herramientas para luchar contra la corrupción”.
En la misma línea, el jefe del interbloque ofcialista, Mario Negri, aseguró que “no es lo mismo luchar contra la corrupción sin Ley de Acceso a la Información Pública, queda casi manca esa lucha sin esta ley”.
En tanto, su compañera de interbloque Karina Banfi afirmó que “con esta ley se está saldando una deuda con la democracia” y agregó que “la Ley de Acceso a la Información Pública es una nueva forma de gobernar”.
A su turno, la diputada del FPV Diana Conti recordó que “mientras el Congreso estaba en deuda, el Ejecutivo a cargo de Néstor Kirchner dictó un decreto (el 1172 de 2003) que ha recibido halagos de toda la sociedad civil y de los organismos internacionales”.
Tras destacar ese decreto, que se refería al acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo, Conti subrayó que “en estos años maduró la idea de que el derecho a la información pública es un derecho humano fundamental”.
Por su parte, Camaño sostuvo que “el decreto 1172 ha posibilitado el acceso a la información, pero esta ley hace que se pueda poner a disposición del pueblo” y reparó en que “el Gobierno que se fue no permitía el acceso a la información pública”.
No obstante, subrayó que “todavía hoy no la hay”, porque “no hay índices de pobreza, de desocupación, de precios” y agregó: “Claro que al poder le cuesta trabajo abrirse a la información. Por eso es tan importante este debate”.
“Es un proyecto que debemos apoyar todos y no solo en el fondo, sino también valorar la forma en que el Poder Ejecutivo ha trabajado para lograr apoyo”, sostuvo a su turno la diputada socialista Alicia Ciciliani.
La iniciativa dispone que los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros, deben brindar información a cualquier ciudadano que la solicite.
El área del Estado a la que se le requiera deberá satisfacer ese reclamo en un plazo de 15 días hábiles, prorrogable por otros 15, salvo en las excepciones previstas, referidas la información clasificada como confidencial o que comprometa la seguridad nacional.
La Agencia de Acceso a la Información Pública será la encargada de hacer el seguimiento del trámite y emplazar a los funcionarios a responder a la solicitud, así como a sancionarlos en caso de no responder en tiempo y forma.
El director de ese organismo tendrá rango de subsecretario (lo cual fue cuestionado también por la oposición) y será designado por el Poder Ejecutivo, mediante un proceso de selección que incluirá la publicación de sus datos y antecedentes en el Boletín Oficial y la recepción de observaciones y objeciones.
