“Vamos a comenzar con la media del pedido de declaración jurada, creemos que no va a haber ningún tipo de problemas”, señaló Bullrich en declaraciones radiales antes de la oficialización de la medida.
La iniciativa, firmada por Bullrich, alcanza a 115.263 agentes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): la información quedará a disposición de las autoridades para auditorías internas, con el fin de detectar y prevenir potenciales casos de corrupción dentro de las fuerzas federales.
“Junto al presidente Mauricio Macri asumimos el compromiso de darle claridad a toda nuestra gestión. Esta medida es una contribución más a la firme decisión de ordenar nuestras instituciones para que ustedes puedan acceder a la información de manera simple y rápida”, destacó la funcionaria nacional a través de su cuenta en Facebook.
Hasta ahora, esa información era solicitada sólo a los poseedores de los grados máximos en cada fuerza: con la nueva resolución del Ministerio de Seguridad, la obligación alcanzará al menos a las cuatro primeras jerarquías.
En marzo pasado, el Ministerio de Seguridad bonaerense decidió exigir la declaración jurada de bienes a los oficiales superiores de la policía provincial, aunque la determinación de Bullrich reclama el detalle de propiedades a todos los integrantes de las cuatro fuerzas federales, incluyendo a sus familiares directos: la información requerida deberá incluir, además, los bienes de los cónyuges e hijos no emancipados.
El Ministerio de Seguridad afirmó que la medida está en línea con la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, que establece “el compromiso de desarrollar sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas”.
En la resolución, la cartera que dirige Bullrich resaltó que las declaraciones juradas “constituyen uno de los sistemas más utilizados de prevención y control de la corrupción”.
Además, solicitó a los jefes de las fuerzas a “requerir a la totalidad del personal que ingrese a las instituciones a su cargo, declaraciones juradas patrimoniales que revelen la información relativa a sus bienes”, las que deberán ser “actualizadas en cada ascenso o luego del paso de cinco años”.
Para el caso del personal activo, tendrá un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la resolución para presentar la declaración patrimonial, que luego será enviada a la Oficina Anticorrupción (OA).
