La denuncia original había sido radicada en Tribunales el 28 de marzo pasado a raíz de un anónimo recibido en el correo electrónico institucional de uno de los diputados del bloque del Frente para la Victoria.
El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández ventiló a través de su cuenta de Twitter una parte de la resolución, que revela que “el “denunciante señaló a Mecikovsky como quien implementó la maniobra para entregarles memos, dossiers, y/o carpetas a Carrió, con quienes mantendría asiduas comunicaciones”.
“Allí mencionó que se suministró información sobre el presidente Mauricio Macri y su entorno (el constructor Nicolás Caputo, la familia Awada y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, entre otros); de jueces federales como Bonadio, Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral, Julián Ercolini y los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero; y de exfuncionarios kirchneristas”, agrega el escrito.
Señala, además, que los mismos informes fueron utilizados en causas que involucran al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
“De confirmarse esta acusación, la pretendida fiscal de la República Elisa Carrio sería en realidad, una vulgar extorsionadora”, tuiteó el exministro kirchnerista, que se hizo eco de la noticia publicada en el diario Ámbito Financiero.
Taiano impulsó la acción penal y requirió que se abra una causa contra todos aquellos que fueron mencionados en la presentación, además de ordenar una batería de medidas tendientes a establecer si dentro de la AFIP funcionaba una organización encargada de recopilar información sensible que era luego utilizada por allegados al Gobierno.
El juez federal Claudio Bonadio adoptó las primeras actuaciones para corroborar la autenticidad del mensaje recibido por correo electrónico que describía el marco de actuación dentro del organismo recaudador.
Ordenó a la Policía Federal que perite la computadora y el sistema informático del legislador nacional Rodolfo Tahilade, quien formalizó la denuncia.
La imputación involucra a Abad; al titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola; a Mecikovsky en su rol de subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior; y a otros funcionarios de ese organismo.
Entre ellos se menciona a Liliana Graciela Chimenti (abogada, exagente judicial en jurisdicción de la Agencia Nº 8 de la Dirección Regional Centro); al agente Miguel Ángel Rifici; Diego Sparsa (director regional de la Dirección Regional San Juan); y Clotilde Silvana Sinatra, asesora de la AFIP, se indicó.
Mecikovsky declaró la semana pasada como testigo en el marco de la investigación por lavado de dinero que instruye el juez Sebastián Casanello y apuntó contra su exjefe, Ricardo Echegaray, a quien señaló como parte de un sistema de protección contra Lázaro Báez, principal imputado y detenido en el marco de ese expediente.
También señaló a Cristina Kirchner y al exministro Julio De Vido, además de al exjefe de Gabinete Jorge Capitanich, quien salió a rechazar su declaración.
