También les prohibió "realizar cualquier actividad que le permita y/o facilite a UBER TECHNOLOGIES INC, Y/O UBER y/o UBER BV y/o UBER ARGENTINA SRL y/o RAISER OPERATIONS BV llevar a cabo sus transacciones; haciéndoles saber que deberán arbitrar todas las medidas conducentes tendientes a evita que tales acciones se concreten".
El secretario general de la Asociación de Taxistas de la Ciudad (ATC), Luis Fernández, celebró la decisión de la jueza, aunque aseguró en diálogo con Télam que "vamos a continuar con estas gestiones".
"Lo tomamos como un éxito y queremos asegurarnos de que la prohibición se cumpla. Por eso vamos a intimar a las tarjetas como un reaseguro de que no pueden operar porque es ilegal", señaló el gremialista, y afirmó que si las tarjetas "siguiesen operando, estarían avalando un ilícito".
El fallo de este jueves amplió las medidas que Alvaro había ordenado el 22 de abril para el bloqueo preventivo de la página web, las plataformas digitales, y aplicaciones necesarias para hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece Uber en territorio porteño.
En los argumentos de la nueva resolución, la magistrada destacó la declaración testimonial del Jefe de Análisis Tecnológica del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, quien sostuvo que la medida de bloqueo de la app dispuesta no inhabilita a las personas que ya bajaron la aplicación para utilizarla en la ciudad de Buenos Aires, así como tampoco inhabilita a quienes quieran bajar la aplicación en alguna provincia argentina u otro país, a que luego la utilicen en la Ciudad.
Así, "la única manera de impedir que se perfeccione el servicio podría ser a través del bloqueo del pago de los choferes que Uber ya cuenta en su planta, remarcando que para impedir que la operatoria se continúe llevando a cabo, se debería realizar una acción accesoria del bloqueo de la App ya dispuesto, y de esta manera, no permitir que se perfeccione la operatoria comercial", sostuvo la jueza.
Asimismo, dispuso que la fiscalía actuante arbitre los medios necesarios para materializar el bloqueo al sitio web de Uber y las plataformas digitales, aplicaciones "y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y/o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece la empresa" en el ámbito de la Ciudad.
Esta decisión fue resuelta luego de la respuesta que la jueza obtuvo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que el martes le informó que no cuenta con competencias ni facultades legales para bloquear contenidos de Internet, como tampoco obligar a los prestadores de conectividad, además de no disponer de la capacidad técnica para bloquear dichos contenidos.
La magistrada había librado un oficio al Ente para que "arbitre las medidas necesarias para que sea ejecutada por los prestadores que brindan el servicio a Internet -incluyendo a los prestadores de servicios de telefonía móvil-: Telecom Argentina SA, AMX Argentina SA, Telmex Argentina SA, Telecom Personal SA, Telefónica Móviles SA, Telefónica de Argentina SA, Cablevisión SA, Nextel Communications Argentina SRL y Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas SA.".
Desde los gremios taxistas consideran que es competencia de ese organismo intervenir para facilitar el bloqueo. "Estamos muy preocupados por el accionar del Enacom y pensamos denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público", afirmó el secretario General de la ATC.
"Nos vamos a seguir movilizando hasta que Uber no se vaya completamente del país", afirmó, y adelantó que el próximo miércoles a las 11 realizarán una entrega masiva de folletos informativos a los clientes y que el viernes 6 de mayo se movilizarán hacia el Congreso nacional, también a las 11.
El miércoles Uber informó que su aplicación ya había sido descargada más de 200.000 veces en Argentina y que más de 30.000 personas se anotaron desde el 12 de abril -cuando empezó a operar- para participar como choferes.
En paralelo con estas nuevas medidas, la jueza remitió a la Cámara PCyF el recurso de apelación presentado por la defensa del CEO de Uber contra la resolución dictada el 22 de abril.
