Las cesantías golpearán a la localidad de Lima, donde sobre el río Paraná se encuentran las centrales nucleares Atucha I y II, que cuenta con unos 10.500 habitantes, pero también tendrá un fuerte impacto sobre la cadena de consumo y comercial de la ciudad de Zárate, dijo Caffaro en declaraciones a radio Del Plata.
"Lima, una ciudad que pertenece a Zárate, se va a ver en dificultades. Los casi 3.000 despidos tendrán impacto no solo en las familias de los trabajadores sino en toda la comunidad, en el sector gastronómico, transportista, entre otros", dijo el jefe comunal del Frente para la Victoria.
El intendente se reunió en febrero con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y ahora le está solicitando una nueva audiencia dado que los fondos de financiamiento no se destraban y las obras están paralizadas.
Para sostener momentáneamente los empleos, el municipio puso a disposición los fondos que le tocan como partidas referidas al endeudamiento en el que avanzó recientemente el gobierno de María Eugenia Vidal en el exterior.
Se trata de unos 38,5 millones de pesos que el municipio pondría a disposición para la compra de materiales para que Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), controlante y operadora de todas las centrales nucleares del país, no despida trabajadores.
Nucleoeléctrica Argentina no paga una tasa a los municipios pero sí ha hecho obras para la comunidad en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria: Zárate pondría los 38,5 millones de pesos para materiales y el Estado nacional debería pagar los salarios.
"El Gobierno nacional debería hacer un esfuerzo importante. Atucha estaba pidiendo 4.000 millones de pesos de presupuesto nacional para este año, pero el Gobierno prevé girar 1.800 millones. Según los técnicos de la NASA, se necesitarán unos 2.500 millones como piso", dijo Caffaro.
Y destacó que ya el país cuenta con financiamiento del 85 por ciento para la construcción de Atucha III y Atucha IV, por lo que consideró un error estratégico el congelamiento de las obras y el despido de casi 3.000 trabajadores.
La empresa Vialco SA, que controla el obrador en la Central Nuclear Atucha II, se había comprometido el 16 de febrero pagar los salarios adeudados y congelar los despidos, pero al no aparecer los fondos públicos el plan de ajuste tomó impulso.
