El DNU publicado en el Boletín Oficial suspende “desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto N° 814 del 20 de junio de 2001”.
La norma suspendida, firmada por el entonces presidente Fernando de la Rúa en los inicios de la crisis de 2001, dejaba sin efecto las exenciones o reducciones de las alícuotas aplicadas a las contribuciones patronales.
Según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y todo su gabinete, “la aplicación del Decreto N° 814/01 en los establecimientos de gestión privada provocará un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados en instituciones cuyo personal no está totalmente alcanzado por el aporte estatal”.
En ese sentido, agrega que el impacto de no eximir de aportes patronales a esos establecimientos será “mayor en aquellas regiones menos favorecidas del país como consecuencia de la situación descripta anteriormente”.
En los considerandos se advierte además que “tal situación puede ocasionar no sólo un detrimento en la calidad educativa, sino que al mismo tiempo puede impactar en el nivel de empleo en este sector”.
La suspensión del pago de aportes patronales a los centros educativos de gestión privada fue aplicada durante la mayoría de los años de gobiernos kirchneristas, y desde 2011, de manera ininterrumpida.
