En ese sentido, en conferencia de prensa, resaltó que ha mantenido “conversaciones con los dos gremios” de estatales, UPCN y ATE, y afirmó que “según manifestaron, van a estar a favor de resolver esas situaciones que no tienen ningún justificativo”.
“Después está en manos de ellos llevar adelante las acciones que crean convenientes. Pero creo que acá estamos encarando un tema con una enorme responsabilidad y de eso se trata el análisis que vamos a hacer en todas las áreas de Gobierno”, destacó Ibarra.
De esta manera, el ministro de Gestión y Modernización respaldó la decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti de dar de baja por decreto un total de 2.035 contratos de empleados del Senado, dispuestos por su antecesor, Amado Boudou, en los últimos diez meses.
Al mismo tiempo, le respondió al secretario general de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, quien había afirmado que la disposición de cancelar los más de dos mil contratos es “una barbaridad” y advertido que el gremio va a ir “hasta las últimas consecuencias” contra la medida.
“Yo creo que es una política de Estado que ya la vivimos en la Argentina; la quieren dibujar como que hay ñoquis, para justificar que van a echar trabajadores para achicar la planta”, advirtió Di Próspero en declaraciones a Radio del Plata, en tanto que Claudio Brito, de ATE Congreso, señaló que se encuentran “en estado de alerta y movilización”.
Ibarra había anunciado que el Gobierno iba a encarar una serie de auditorías para revisar los contratos y concursos públicos de los últimos tres años, con el objetivo de chequear quiénes eran los trabajadores que cumplían funciones.
