Las 60 hectáreas, en donde también hay unas viviendas construidas por el Municipio y la Gobernación con fondos de la ANSES, fueron tomadas por varios centenares de familias en los días previos a las elecciones presidenciales del 25 de octubre pasado.
La causa estuvo paralizada en función de que aún debía definirse qué juez era competente en el caso y, mientras tanto, por orden judicial se dispusieron medidas de seguridad en el lugar así como el impedimento de ingreso y egreso de materiales de construcción.
Ante la Fiscalía 2 de Morón, que finalmente quedó a cargo de la causa, el abogado Nicolás Ramírez en representación de tres de los cuatro propietarios pidió formalmente el desalojo.
“En caso de que en los presentes actuados no se realice medida alguna que restituya la propiedad de mis asistidos, se correría el riesgo de que se legitime judicialmente un actuar delictivo”, advirtió el abogado en el escrito al que accedió NA.
Por ello, pidió se de la “orden judicial a los fines de garantizar el correcto ejercicio de los derechos constitucionales” de sus asistidos, dueños del predio ubicado sobre la ruta 1003 en ese distrito del oeste del gran Buenos Aires.
De esta forma, la Justicia recibe el primer pedido de desalojo desde el inicio de la toma, donde por orden judicial se está realizando un censo de las familias y hay custodia dispuesta por el Gobierno bonaerense.
El objetivo de la administración de Daniel Scioli es determinar la situación de cada familia, mientras busca negociar con los dueños de los terrenos para encontrar una solución habitacional a los ocupantes.
