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Empresa reclamó la devolución de una fabrica usurpada hace nueve meses en Merlo

Una empresa reclamó hoy que se devuelva a “sus dueños legítimos” una fábrica que produce acoplados, volquetes y carrocerías, usurpada hace nueve meses en el partido bonaerense de Merlo, para “reiniciar la actividad”.
La empresa Petinari sostuvo en un comunicado que “lleva 55 años en el mercado” y dijo que llegó a tener “188 empleados dedicados a la producción de acoplados, volquetes y carrocerías”. La compañía expresó que “a comienzos de este año un leve atraso en el pago de salarios derivó en un conflicto inesperado con una sucesión de paros, tomas, cortes de ruta, agresiones, daños a las instalaciones, y hasta amenazas al personal, tras lo cual nunca más pudo volver a operar”.

“Hemos hecho todas las presentaciones ante las autoridades nacionales, provinciales y también las correspondientes denuncias en diversos foros, sin tener respuesta”, manifestó la empresa. Asimismo, explicó que el juez de garantías Ricardo Fraga dictó una nueva medida judicial en la que “ordenó el desalojo y la restitución del inmueble” y sostuvo que “un grupo de los ocupantes apeló la medida y logró suspender nuevamente el desalojo”.

La empresa dijo que “un atraso en el pago del 40% de una quincena, debido a una compleja situación económica con merma de ventas, de ninguna manera puede ser excusa para una usurpación lograda a través de medios ilícitos y violentos que tiene como clara intención apropiarse indebidamente de un predio de 160 mil metros cuadrados”.

“Para alimentar el conflicto, el diputado provincial Miguel Funes del FPV impulsó un proyecto de ley que logró media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que declaró de utilidad pública a la compañía, y que abriría la puerta para una expropiación”, advirtió la compañía en el comunicado. “La media sanción, que buscaría aprobación en el Senado provincial, es calificada por la empresa sin sustento real ni jurídico”, sostuvo, y dijo que se trata de “argumentos falsos para dicha declaración”.

Petinari indicó que “debido a la asfixia a la que fue sometida con la imposibilidad de facturar, pagar y cumplir con las obligaciones y ante la necesidad de preservar los bienes y la fuente de trabajo se presentó a concurso preventivo”, ante el juzgado nacional de primera instancia en lo Comercial Nº 20, Secretaría de la Ciudad de Buenos Aires.

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