Por ello, el jefe de gobierno buscó el apoyo de los grandes partidos españoles que, en su gran mayoría, le dieron su beneplácito a presentar este recurso para frenar las aspiraciones independentistas.
La resolución, aprobada con 72 votos favorables sobre 135 diputados del parlamento regional, no tendrá efectos directos pero presenta el plan secesionista: iniciar “el proceso de creación del Estado catalán” que “no se supeditará a las decisiones del Estado español”.
“Nadie puede detener la voluntad de un pueblo que avanza decididamente hacia un futuro mejor. Ninguna querella, ninguna amenaza, ningún miedo”, aseguró el presidente en funciones Artur Mas, de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí.
Tras las elecciones regionales del 27 de septiembre obtuvieron 62 diputados que, junto a los 10 escaños obtenidos por los independentistas de extrema izquierda de la CUP, les sirvieron para aprobar este “acto de ruptura”, en palabras de la diputada de la CUP Anna Gabriel.
La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda pública y a redactar la legislación para crear una administración tributaria independiente.
“Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años”, aseguró la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos. “Tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes”, añadió.
Los independentistas solo obtuvieron un 48% de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum en esta región mediterránea.
Esta negativa llevó al gobierno de Mas a impulsar el 9 de noviembre de 2014, justo hace un año, una consulta simbólica en la que 1,9 millones de personas se posicionaron por la independencia a pesar de que la votación fue prohibida por el Tribunal Constitucional.
En la resolución aprobada este lunes, los independentistas advierten que durante este proceso, que quieren culminar en 2017 con un referéndum para aprobar la nueva constitución catalana, tampoco se supeditarán a sus sentencias.
“Casi un 50% de votos a favor de la independencia supone una enmienda a la totalidad de la Constitución Española de 1978 y del Tribunal Constitucional”, aseguró Mas.
Desde Madrid, Rajoy se mostró “decidido a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia”.
Para ello aprobaron recientemente una reforma del alto tribunal para inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y su gobierno plantea una posible suspensión de la autonomía catalana.
“Tenemos el presupuesto regional más alto de España y más competencias que ninguna otra región de Europa. Ustedes lo están poniendo todo en riesgo”, advirtió el líder catalán de su formación, Xavier García Albiol.
Esta declaración culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando este tribunal recortó ampliamente las competencias adquiridas en un estatuto regional de 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.
El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
Tras años reclamando un referéndum optaron por avanzar unilateralmente en un proceso que, sin embargo, podría derrumbarse por las diferencias ideológicas en el seno independentista.
Seis semanas después de los comicios, la región sigue sin gobierno por el rechazo de la CUP a apoyar como presidente al liberal Artur Mas. Si no hay acuerdo antes del 9 de enero, deberán convocarse unas nuevas elecciones y la secesión podría quedarse en mero proyecto.
