Arroyo Salgado -ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman- advirtió que “la conducta de los imputados se encuentra amparada constitucionalmente” en el “legítimo ejercicio del derecho de reunión, en el caso particular de peticionar y hacer oír sus reclamos”, se explicó.
La información se conoció hoy a través del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y sus voceros explicaron a esta agencia que el fallo se dictó la semana pasada y ya quedó firme porque no fue apelado.
Arroyo Salgado analizó tres protestas ocurridas sobre la ruta Panamericana que terminaron con incidentes: las del 8 de agosto, el 4 de septiembre y el 23 de octubre de 2014.
El CeProDH aseguró que mientras se intenta “reabrir la discusión sobre la criminalización de la protesta social”, este fallo “es contrario al cercenamiento al derecho de protesta en el emblemático caso de los trabajadores de LEAR, por lo que sentará jurisprudencia en la materia”.
La sentencia analizó “minuciosamente la situación laboral de los trabajadores en cuestión y de quienes solidariamente los apoyaban y reconoce el derecho a la protesta y a la manifestación sobre las rutas”, precisaron los voceros.
Los manifestantes y caravanas de autos en la autopista, “se encontraban amparados en el legítimo ejercicio del derecho de reunión en el caso particular de peticionar y hacer oír sus reclamos” y “la conducta de los imputados se encontraba amparada constitucionalmente, por lo que de modo alguno pueden ser alcanzadas por el derecho penal”, dijo la jueza, indicó CeProDH.
Para la entidad, “el fallo es contrario a las expresiones antidemocráticas como las que permanentemente hace (el viceministro de Seguridad) Sergio Berni”.
“Ahora tendrá que dar explicaciones ya que se confirma esas represiones brutales que comandó fueron absolutamente ilegales porque se desataron contra un legítimo derecho a la protesta, llegando al extremos de usar infiltrados como el coronel (Roberto) Galeano”, destacó Myriam Bregman, diputada nacional y una de las defensoras en la causa.
Matías Aufieri, abogado del CeProDH y representante de los imputados, dijo a DyN que “este fallo es un antecedente vital para las futuras luchas que se lleven adelante, pues reconoce que el derecho de protesta no constituye ningún delito, como suele decir Berni cada vez que ve una manifestación”.
Otro de los abogados, Carlos Platkowski, indicó que “en el marco de la misma 'Causa Lear' sigue imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, daños y falsedad ideológica el gendarme Juan Alberto López Torales, el 'gendarme carancho' que se arrojó sobre el capot de un auto de la caravana solidaria para detener ilegalmente a un manifestante”.
“Esta resolución judicial abre la posibilidad a que quienes terminen rindiendo cuentas por los delitos cometidos sean el infiltrado Galeano y el mismo coronel Sergio Berni”, agregaron.
“Todos ellos deberían dar explicaciones por actuar como los guardias armados de la multinacional norteamericana que despidió ilegalmente a 300 trabajadores. Esos despidos fueron la causa que disparó el conflicto”, dijo el CeProDH.
