Lo que parecía ser simplemente una nueva familia ensamblada más, poco a poco se fue convirtiendo en un martirio para los hijos de Marcela.
Apenas unos meses después de la convivencia, Alberto echó a dos de los hijos de su pareja de 16 y 17 años porque “no querían trabajar”.
Cansados de los maltratos del hombre hacia ellos y a sus otros hermanos, y del silencio de su mamá, decidieron irse.
Con Alejandra y Alberto quedaron Mariela, en ese entonces de 21 años y su hermano menor, de 10.
Unos años después, Mariela, que tiene un retraso madurativo leve, comenzó a asistir al Instituto Psicopedagógico San Pablo, un Hogar y Centro de día para personas con discapacidad intelectual, al cual hacía una doble jornada de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Un tiempo después, Mariela dijo a sus familiares que quería irse a vivir al instituto, porque estaban sus amigas y no quería estar más en su casa.
“No nos decía la verdadera razón, pero todos los días decía que quería irse, que no quería vivir más en su casa, hasta que logramos que así sea. Ahí comenzamos a descubrir el verdadero motivo”, contó un familiar a minutouno.com.
Al poco tiempo que empezó a vivir en el instituto, Mariela intentó suicidarse dos veces.
Luego de un largo trabajo de psicólogos y asistentes la joven contó que hacía cuatro años que su padrastro abusaba sexualmente de ella.
“Luego de hablar con los especialistas del instituto, hicimos la denuncia, la revisaron médicos, psicólogos y asistentes sociales de la Justicia y comprobaron que Mariela presentaba lesiones físicas y psicológicas compatibles con las de una víctima de abuso sexual”, agregó el familiar.
“Ella no contó nada hasta ahora porque le tenía miedo. Siempre la amenazó diciéndole que si le contaba algo a su mamá, Alejandra se iba a enojar con ella y no con él”, agregó.
A pesar de los intentos para hablar por parte del instituto y de la familia, Marcela descree del abuso de su pareja hacia su hija y por eso, dejó de ir a visitarla.
La primera denuncia se realizó en la Comisaría de la Mujer y la Familia en Pilar y también se denunció en el juzgado de Familia número uno de Pilar a cargo de la fiscal Raquel Conte.
“La causa está parada, desde la fiscalía nos dicen que hay muchos casos como estos y que por eso pueden tardar hasta dos años en que avance. Hasta ahora lo único que logramos fue la restricción perimetral para Alberto y Alejandra, que tenemos que renovar cada dos meses”, contó el familiar.
“Es increíble que tarde tanto tiempo. Estamos hablando de que hay un violador libre con total impunidad”, agregó.
