Recordó Randazzo que la contribución que el Estado paga a las empresas equivalen al 50 por ciento de cada boleto cobrado por la compañía a los 250.000 pasajeros que habitualmente utilizan la línea que opera entre la Capital y el norte del conurbano.
La parálisis del servicio indica que la compañía sufre un doble impacto económico, dado que no cobra boletos y no percibe subsidios estatales, pero sí debe abonar los salarios y las cargas sociales.
El funcionario apeló “a la responsabilidad y al sentido común” e los concesionarios de la línea y de los trabajadores para poner fin al conflicto que “hace daño a miles de personas” todos los días porque no pueden viajar.
En ese sentido recordó que el Ministerio del Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria y apuntó a “la falta de razonabilidad” de empresarios y trabajadores que impide el funcionamiento del servicio.
