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Condenaron a tres agentes penitenciarios por ejercer torturas

Las penas son de hasta nueve años y medio de prisión por haber torturado en 2011 a un joven detenido en el penal Marcos Paz, informaron fuentes judiciales.
Además, otro efectivo fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de "omisión de denuncia" en el hecho que sufrió el preso Brian Núñez (24).

Fuentes judiciales informaron a Télam que el fallo del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) 1 de San Martín recayó sobre Roberto Fernando Cóceres y Víctor Guillermo Meza, quienes recibieron ocho años y medio de cárcel, en tanto que Juan Pablo Martínez fue condenado a nueve años y seis meses.

Los tres fueron hallados culpables por el delito de "torturas", pero sólo Cóceres y Martínez continuarán detenidos debido a que llegaron en esa condición al juicio, mientras que Meza seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme, aunque le prohibieron salir del país.

Por su parte, Juan José Mancel no irá preso porque fue condenado a dos años y medio de prisión "en suspenso" por no haber denunciado a sus compañeros, pese a saber que habían torturado.

El Tribunal también dictó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos para todos los condenados.

En cambio, Juan Fernando Morinigo y Ede Martín Vallejos, acusados por "omisión de denuncia", y Javier Enrique Andrada, imputado por "torturas agravadas", fueron absueltos, por lo que este último recuperó la libertad ya que había llegado detenido al debate.

Los fundamentos del fallo de los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña se darán a conocer dentro de diez días.

La Defensoría General de la Nación (DGN), constituida como querellante en la causa, dijo a través de un comunicado que "este juicio fue paradigmático" porque fue "la primera vez que la justicia federal dictó sentencia en un caso por torturas cometidas por miembros del SPF en democracia".

En la etapa de alegatos, el fiscal de juicio Marcelo García Berro y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, solicitaron 18 años de prisión para Martínez, 15 para los otros tres imputados de las torturas agravadas, 5 para Mancel, 4 para Morinigo y 3 para Vallejos por "omisión de denuncia".

Los fiscales pidieron las penas más altas para Martínez, por un lado, y Mancel, por el otro, al valorar "su rol de jefes sobre los otros penitenciarios".

Por su parte, la DGN solicitó 15 años para Martínez, 14 para Cóceres, 12 para Meza y Andrada, 5 para Mancel y 3 para Morinigo, y la absolución de Vallejos por considerar que "actuó bajo amenaza de su superior (por el primero de los acusados mencionados)".

Todos los acusados se negaron a declarar durante el juicio, por lo que se leyeron sus respectivas indagatorias producidas en la etapa de instrucción de la causa.

Según la DGN, en su indagatoria "el celador Vallejos confesó haber sido testigo de parte de las torturas, pero sostuvo que el jefe de turno, Martínez, lo había obligado a modificar el libro de actas, en cuanto a horarios y hechos".

"Me dijo que no me meta, que no abra la boca porque me iba a ir mal", declaró Vallejos y agregó que luego de advertirle a su jefe que haría la denuncia sobre lo sucedido, Martínez la "amenazó con hacer peligrar" su "carrera penitenciaria" y le preguntó "si estaba a favor de los chorros".

A su turno, las respectivas defensas plantearon en sus alegatos una serie de nulidades y solicitaron la absolución de los acusados y, subsidiariamente, que el delito sea calificado como "apremios ilegales" (en el caso de los imputados de torturas) y/o les apliquen una pena mínima.

El hecho ventilado en el debate ocurrió el 16 de julio de 2011, poco después de las 18, cuando Núñez se encontraba alojado en el Anexo 5 del Complejo Federal de Detención de Jóvenes Adultos de Marcos Paz luego de haber recibido visitas.

Para el fiscal, el preso "protagonizó un incidente menor con el celador y por ello fue sacado de su celda por orden del jefe de turno, adjutor principal Juan Pablo Martínez quien, "sin ningún motivo que lo justifique (…) golpeó en la cara a Núñez con su puño, recibiendo una trompada del detenido cuando el penitenciario se aprestaba a golpearlo por segunda vez".

"Esto provocó la ira de Martínez y del personal de requisa que había sido convocado. Los agentes Andrada (absuelto por el tribunal), Cóceres y Meza, trasladaron a Núñez a los golpes hasta una sala cercana que se utilizaba para realizar entrevistas psicológicas, lugar donde el interno fue brutalmente torturado por los cuatro penitenciarios mediante golpes de puño, bastonazos, patadas, quemaduras, y otros métodos de tortura", relató García Berro.

Para el fiscal, las torturas "fueron aplicadas durante el transcurso de alrededor de dos horas y le ocasionaron a la víctima severas lesiones físicas y graves secuelas psíquicas".

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