El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro dio por probado los vínculos que al momento de ser fiscal tenía Collantes con la organización delictiva y lo consideró autor de los delitos de “encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público y falsedad ideológica”.
Los jueces Marcelo García Helguera, Raúl Luchelli Ramos y Agustín Gossn decidieron fijar en dos años y medio de prisión la pena, aunque de ejecución en suspenso, por lo que el ex fiscal que en la actualidad ejerce como abogado particular penalista, no fue detenido.
El tribunal además dispuso para el imputado una inhabilitación absoluta por cinco años.
Fuentes judiciales indicaron a Télam que de acuerdo a lo que se pudo determinar en el debate, mientras era titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de San Isidro, Collantes tenía relación con una banda de ladrones.
Siempre según explicaron fuentes con acceso al expediente, la maniobra en la que intervenía el fiscal consistía en que un miembro de la organización se presentaba en su fiscalía para denunciar que había comprado de buena fe un auto que tenía problemas de documentación.
“El fiscal levantaba el pedido de secuestro activo que tenía el auto, le daba certificados para poder circular al tenedor del vehículo e iniciaba una causa para investigar el robo que terminaba archivada”, dijo a Télam un vocero judicial con acceso al expediente.
La causa por la que hoy fue condenado Collantes se inició en 2007, pocos meses después de que el ahora condenado renunciara a su cargo como fiscal para desempeñarse en la actividad privada.
La instrucción estuvo a cargo del por entonces fiscal de Vicente López Eduardo Rodríguez y luego la causa la continuó su colega de San Isidro Patricio Ferrari.
Rodríguez pidió en su momento la detención de Collantes, pero el juzgado de Garantías que intervino lo rechazó.
En el expediente original había otros dos imputados, Hugo Chiozza, -que por cuestiones procesales aún no llegó a la etapa de juicio-, y Claudio Max González.
Éste último murió en enero de 2009 durante un enfrentamiento con efectivos de la DDI de Mercedes en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno, donde lo sorprendieron con un camión cargado con cuatriciclos que había sido robado en un hecho de "piratería del asfalto".
González estaba armado con un Fusil Automático Liviano (FAL) y una pistola ametralladora PA-3, pero murió desangrado por un tiro efectuado por un policía que le impactó en una pierna y lesionó la arteria femoral.
La causa más importante en la que participó Collantes cuando era fiscal es el crimen de Schenone, asesinado a balazos el 16 de enero de 2003 en Béccar, hecho por el que el empresario Conzi, dueño del complejo gastronómico “Dallas-las Olas Boulevard”, fue condenado a 24 años y seis meses de prisión.
Collantes era el adjunto del por entonces fiscal titular Mario Kohan en la UFI 2 de San Isidro, y juntos buscaron a Conzi durante los 57 días que estuvo prófugo.
Luego, en mayo de 2004, y ya como fiscal titular, Collantes investigó como un posible crimen por envenenamiento, el fallecimiento de Lidia Elizabeth Scopino (39), una ciudadana estadounidense y ex policía de Nueva York, que apareció muerta en una casa de Beccar y estaba en Argentina para tramitar una herencia.
