La Sala, integrada por los jueces Carlos Angel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Sal Llargués, consideró en “crisis” al sistema de ejecución penal de infancia y dispuso “el cese inmediato de toda forma de sanción o tratamiento de los jóvenss detenidos que implique un trato cruel, inhumano o degradante”.
Casación resolvió “convocar a audiencias periódicas de los interesados para el análisis y control de los distintos informes ordenados”.
También, dispuso que en el término de 60 días “se provea de colchones ignífugos en la cantidad necesaria para cubrir el total de los centros de privación de la libertad” y pidió información sobre si esos lugares “poseen aprobación en prevención de siniestros y planes de evacuación”.
En un extenso requerimiento de varios puntos, Casación ordenó al gobierno que “cumpla acabadamente con la neta separación entre jóvenes condenados y procesados” y que se informe mensualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Procuración General ante ese Tribunal “ las plazas de alojamiento reales de cada dispositivo de detención y la población de cada uno de ellos”.
La sala recordó a jueces y fiscales del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense “la vigencia de las resoluciones que prohíben terminantemente el alojamiento de niños, niñas y jóvenes en dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
