El juicio se hacía por el secuestro, tortura, desaparición y homicidio, en algunos casos, de los trabajadores de las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo y los astilleros de Mestrina y Astarsa. La mayor parte de las víctimas eran delegados. En el debate se juzgó a integrantes de las fuerzas de seguridad y militares, pero no a los civiles. La fiscalía y las querellas pidieron en los alegatos que el tribunal ordenara impulsar las investigaciones sobre propietarios, directivos, gerentes y todas las personas mencionadas en los testimonios. Los jueces sí aceptaron todos los pedidos generales, ordenaron enviar los testimonios al juzgado de instrucción e iniciar las investigaciones.
Las penas fueron las siguientes: prisión perpetua por ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal, robo agravado por el uso de armas, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado para Santiago Omar Riveros (militar); 23 años de prisión por ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal, robo agravado por el uso de armas, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravados para Reynaldo Bignone (militar); 17 años por allanamiento ilegal, robo agravado por el uso de armas, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados para Luis Sadi Pepa (militar); 16 años por allanamiento ilegal, robo agravado por el uso de armas, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravados para Eugenio Guañabens Perelló (militar); 9 años por privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos agravados para Juan Demetrio Luna (comisario de Tigre); 9 años por allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados para Juan Carlos Gerardi (prefecto). Los prefectos Héctor Omar Maldonado, Alejandro Puertas y Roberto Julio Rossin fueron absueltos.
Reflexión sobre el fallo del tribunal en el Juicio de los Obreros de Carmen “Lizu” Salcedo, Secretaria de DD.HH. del FPV Tigre:
Después de 38 años de espera para condenar a los asesinos de Martín “Tano” Mastinú (trabajador de Astarsa, delegado, secuestrado en julio de 1976) y Mario Marrás (obrero del astillero Mestrina) y los torturadores de Santina “Santa” Mastinú, esposa de Marrás, probamos la complicidad de las empresas como actores ideológicos del golpe del '76, la actuación plena de las empresas Mestrina, Astarsa, Lozadur y Cattáneo en la desaparición de más de 33 compañeros trabajadores de esas empresas y la complicidad de la cúpula sindical. Por los mismos testimonios por los cuales fue condenado el prefecto Juan Carlos Gerardi, a quien le dieron 9 años de prisión, fueron absueltos Héctor Omar Maldonado, Alejandro Puertas y Roberto Julio Rossin, todos ellos condenados en Italia en junio de 2000. La Dra. Tirsa Albani (madre de desaparecido), integrante de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, fue la abogada querellante. Está probado que Santina fue torturada y perseguida por estos prefectos, que asiduamente la visitaban y se instalaban en su casa por las tardes; que, cuando al Tano lo llevaron, gritó el nombre de su captor diciendo "por qué me hacés esto, Porchetto", señalando a quien era un prefecto que había sido bombero de Astarsa.
La historia del Tano, delegado de Astarsa, de Santina, de su madre, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo junto con la Gallega de Zona Norte, sigue viva. Queremos que se investigue a quienes fueron los interventores del Sindicato de Obreros de la Industria Naval, entre ellos, a Jorge Rampoldi. Pablo Llonto, abogado representante de las querellas particulares, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación, apelará a los tribunales superiores. Y seguiremos buscando testimonios.
La familia Mastinú sigue viviendo en El Talar, como la familia de laburantes que es, con la frente en alto, con el honor de saber que su familia tiene un héroe obrero que seguirá siendo ejemplo para varias generaciones.
