Fue por eso que el CELS y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) presentaron una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo. Ahora el juez Arias hizo lugar a la cautelar y opinó que la resolución de Granados era “regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado”, según informó el CELS en un comunicado.
El magistrado señaló, además, que de acuerdo a “los relevamientos efectuados por los peritos como los informes producidos por las autoridades se desprende que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”.
El CELS precisó en el comunicado que “en mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de la historia: 33.166” y que “el 60 por ciento de estas personas no tiene condena judicial”.
“La decisión del juez Arias ratifica las advertencias que se habían realizado sobre que el aumento de las detenciones en la provincia de Buenos Aires iba a conducir al colapso del sistema penitenciario bonaerense. Las personas privadas de su libertad sufren las violaciones de sus derechos por el hacinamiento, la tortura y otras formas de violencia institucional”, manifestó.
