Los demandantes requieren que la entidad transfiera 226 millones de euros -unos 300 millones de dólares-, a las cuentas de tenedores de bonos en euros que representan unos 1.300 millones de euros en títulos reestructurados.
El titular del fondo de inversión Hayman Capital, Kyle Bass, destacó que “el fallo del juez Thomas Griesa no debe aplicarse a la deuda emitida fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos”.
El ejecutivo agregó que “no pudieron transferir los fondos en euros de conformidad con sus obligaciones fiduciarias”, dijo Bass, para luego subrayar que “el pago de intereses se rige por la ley del Reino Unido, que no se ha pronunciado sobre esto. Hasta que haya una orden similar en el Reino Unido, nos deben nuestros intereses”.
En tanto, un portavoz del BoNY en los Estados Unidos dijo que “la demanda no tiene méritos ya que la entidad ha seguido sistemáticamente las órdenes judiciales vinculantes que rigen su actuación como fiduciario en esta materia”.
Por su parte, en la Argentina, el oficialismo confía en agotar esta semana el tratamiento en comisiones del proyecto de “Pago Soberano local de la Deuda Externa”, para llevar la iniciativa al recinto del Senado el próximo 3 de septiembre.
El miércoles próximo, a las 11, se reunirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda; de Relaciones Exteriores y Culto; y de Economía Nacional e Inversión, con el objeto de abordar el proyecto que declara de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, para abarcar al cien por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina.
Sobre esta iniciativa, la agencia calificadora de riesgo crediticio Moody's afirmó hoy que el proyecto de ley de cambio de domicilio de pago, “tiene perspectiva negativa para la deuda soberana, de banco y de empresas”.
En un comunicado, en el cual analizó los posibles efectos de la aprobación de la ley, Moody's afirmó que “la intención de eludir la justicia de los Estados Unidos pone de relieve “el débil marco institucional del país. La participación de los bancos argentinos en un canje de deuda es probable que los aísle aún más de la comunidad financiera internacional y ese aislamiento financiero podría traer perturbaciones significativas a la economía del país y sería perjudicial para las corporaciones”.
La agencia remarcó que “no queda claro aún si la propuesta será aprobada” en el Congreso. “El juez Griesa, probablemente impedirá al fiduciario proporcionar los datos de los bonistas a la Argentina y la asistencia necesaria para transferir esos datos”.
