La dirigente explicó que “el derecho a la vivienda y a la tierra en la Ciudad de Buenos Aires están siendo vulnerados para la mayoría de sus habitantes, tanto de clases medias como de sectores populares”.
Los cada vez más crecientes requisitos hacen que cada vez sea más difícil acceder a un alquiler: “La garantía de Capital de familiar directo como excluyente, por ejemplo, hace que una persona o familia que quizás económicamente podría acceder a un alquiler deba terminar viviendo en una villa o en un hotel”.
Aún si se pudiera superar esta barrera, los montos de los alquileres comprometen más del 40 por ciento de los salarios, y el dinero que hay que entregar para poder ingresar a la propiedad puede llegar hasta los seis meses de alquiler entre adelantos, déposito y comisión.
“La contracara de este derecho vulnerado es el boom inmobiliario que construye propiedades lujosas que no son puestas en el mercado para alquilar, sino que son parte de la especulación financiera de grandes empresas que 'ahorran en ladrillos'“, denunció Andrea Rodríguez, de la Red de Inquilinos.
Rodríguez opinó que “esto se hace claramente con el consentimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no sólo no regula en función de los más pobres, sino que les vende a estas empresas terrenos fiscales, además de no hacer viviendas sociales ni tener líneas de crédito”.
De 1.150.000 hogares que hay en la Capital, un tercio son ocupados por inquilinos y hay 250.000 personas viviendo en villas, hoteles e inquilinatos; en tanto se estima que existen 150.000 viviendas ociosas.
Entre las propuestas que debería contener una “Ley en Defensa de los Inquilinos”, las organizaciones plantean en primer lugar la fijación de precios máximos para las propiedades que podrían ser calculadas como el 0,7 por ciento del VIR (Valor Inmobiliario de Referencia) fijado por la AGIP (Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos).
También proponen la “creación de un fondo de garantías para locaciones con destino vivienda”, que serían garantías extendidas por organismos públicos que se podría conformar con fondos provenientes de un Impuesto a la Vivienda Ociosa, cuya creación es “central” en la demanda.
También se plantea limitar el cobro de las comisiones, de los depósitos en garantía y extender el límite de los vencimientos.
Finalmente se propone la creación de una Defensoría de los Inquilinos y de un Ministerio de la Vivienda.
“Esta es una base sobre la que nosotros planteamos abrir un debate. Aspiramos a conformar una propuesta de ley participativa en la que nos sentemos a discutir qué ciudad queremos y cómo la queremos”, concluyó Resels.
